Al descubierto financiamiento ilegal de campaña política

(26 de octubre de 2016) El Ministerio Público presentó hoy 32 cargos criminales contra 11 personas, 9 naturales y 2 jurídicas, involucradas en un esquema ilegal de financiamiento de campaña para la candidatura en 2012 del exsuperintendente del Capitolio, Eliezer Velázquez Quiles, entonces aspirante a senador por el Distrito de Ponce.

La radicación de cargos es el resultado del trabajo en conjunto del Departamento de Justicia, la Oficina del Contralor Electoral y la Oficina de la Contralora, luego de culminar una pesquisa que abarcó aportaciones ilegales a la campaña de Velázquez Quiles, cuya evidencia apunta tanto a la entrega de cheques ilegales como de donativos en efectivo que nunca fueron reportados al Contralor Electoral.

De acuerdo con la investigación de los tres organismos gubernamentales, las aportaciones ilegales recibidas por el Comité Amigos de Eliezer ascienden a $150,000, aproximadamente, procedentes a su vez de las empresas Fasan Construction Corp. y Restaura Contractor Inc., propiedad de Edil Danois Román; de SQR Arquitects & Engineer Consulting, PSC, representada por Nelson Rosario Santiago y de New Way Construction Management, representada por Cándido Oliveras Rodríguez.

Ya en el pasado, en agosto de 2015, Danois Román enfrentó 31 cargos criminales por el esquema de fraude perpetrado en la Superintendencia del Capitolio entre 2010 y 2012, que incluía órdenes de compra y cotizaciones falsas de obras de construcción ascendentes a $2.9 millones.

“La corrupción pública tiene muchas vertientes. El financiamiento privado de campañas políticas es uno recurrente, por décadas. El Contralor Electoral, la  Contralora, la Oficina de Ética Gubernamental y el Departamento de Justicia, al igual que las entidades federales, están haciendo su trabajo. Pero se demanda legislación responsable que elimine esta fuente de corrupción. Es el típico ‘pay for play’ ya denunciado”, enunció el secretario de Justicia, César Miranda.

Asimismo, el contralor electoral, Manuel A Torres Nieves, manifestó: “Colaboramos con el Departamento de Justicia en esta investigación como lo hacemos con otras agencias estatales y federales. La pulcritud en el financiamiento de las campañas políticas es la que asegura una competencia justa. Existen maneras legales para que las corporaciones se puedan expresar a favor o en contra de un candidato o partido. No hay justificación para que opten por violar la Ley”.

Para 2012, Velázquez Quiles era superintendente del Capitolio y llevaba a cabo su campaña política para un escaño en el Senado de Puerto Rico. Según los hallazgos de la investigación­, durante su campaña política recibió donativos de parte de los tres empresarios imputados, quienes mantenían contratos con la Superintendencia del Capitolio.

Según consta en el Registro de Contratos de la página electrónica de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico, las corporaciones antes mencionadas obtuvieron contratos por más de $3.6 millones durante el periodo de 2009 a 2012.

Además, el Ministerio Público presentó evidencia del uso ilegal de una oficina de la Superintendencia del Capitolio con fines político partidistas. La oficina, que ubicaba en el cuarto piso del edificio de Medicina Tropical perteneciente al Capitolio, era controlada por Velázquez Quiles. El exsuperintendente controlaba el acceso y utilizaba la oficina junto a dos empleados a tiempo completo de esa dependencia para realizar trabajos de la campaña electoral del funcionario. Dicha conducta es penada por ley e infringe lo dispuesto en la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas, Ley Núm. 222-2011.

Contra Eliezer Velázquez Quiles se radicaron seis cargos en total por el uso de propiedad pública para actividades político partidista, conspiración para recibir y ocultar donativos electorales prohibidos, enriquecimiento injustificado, presentación de informes falsos y por lavado de dinero.

Por su parte, la jueza Ilyana Blanco del Tribunal de San Juan evalúa un cargo contra los exempleados de la Superintendencia, Marilisa Figueroa Alenot, quien fue asistente administrativa, y Javier Ruiz Echevarría, quien fungió como administrador de servicios generales de la Superintendencia, por el uso de propiedad pública para actividades político partidista. Ruiz Echevarría, quien laboró como director de finanzas del Comité de Amigos de Eliezer, también enfrenta cargos adicionales por conspiración, lavado de dinero y presentación de informes falsos, para un total de 4 cargos en su contra.

“Colaboramos con el Departamento de Justicia en esta investigación como lo hacemos con otras agencias estatales y federales. La pulcritud en el financiamiento de las campañas políticas es la que asegura una competencia justa. Existen maneras legales para que las corporaciones se puedan expresar a favor o en contra de un candidato o partido. No hay justificación para que opten por violar la Ley”, puntualizó el contralor electoral, Manuel A. Torres Nieves.

Donativos de ejecutivos de corporaciones

Además de las corporaciones antes mencionadas, el Comité Amigos de Eliezer recibió donativos por parte de ejecutivos de dos corporaciones, a saber: Manuel Iván Otero (Manuel Ivan Otero, LLC) y Juan M. Rexach Urdaz (Rexach Consulting, Inc.). Las aportaciones de éstos se estiman en unos $1,500. Dichos donativos están expresamente prohibidos por la Ley 222 y por ello pesa un cargo contra cada persona natural y jurídica (4 cargos).

Rosario Santiago (3 cargos), Oliveras Rodríguez (3 cargos) y Danois Román (10 cargos) enfrentan cargos adicionales por lavado de dinero, conspiración y aportación de donativos de ejecutivos de una corporación.

Por su parte, contra Luis A. Ruiz Quirindongo, miembro del Comité Amigos de Eliezer, pesa un cargo por el Artículo 281 del Código Penal por disuadir a un posible testigo para no cooperar con la investigación de Justicia.

La jueza Ilyana Blanco separó los días 29 y 31 de octubre de 2016 para que la defensa tenga acceso a la prueba, y hasta el día 4 de noviembre para que el tribunal reciba mociones de defensa relacionadas a jurisdicción, competencia y debido proceso de ley. A su vez, se fijó hasta el 10 de noviembre el término para que la fiscalía conteste las mociones de defensa. La continuación de  la vista de causa para arresto quedó pautada para el 18 de noviembre a la 1:00 p.m. en la Sala de Investigaciones del Tribunal de San Juan.

El Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Wilda J. Nin Pacheco.