Departamento de Justicia recomienda designación de un FEI contra expresidente de la Legislatura Municipal de Caguas
16 de agosto de 2022
La investigación estuvo a cargo de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor de la agencia junto al Negociado de Investigaciones Especiales
El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, recomendó hoy a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) para que investigue al expresidente de la Legislatura Municipal de Caguas, José R. Torres Torres, por el uso indebido de propiedad y servicios públicos para beneficio personal.
Emanuelli Hernández realizó la correspondiente notificación a la OPFEI tras acoger un informe de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia, que estuvo a cargo de la investigación junto al Negociado de Investigaciones Especiales (NIE). La DIPAC concluyó que existe causa suficiente para creer que las actuaciones de Torres Torres constituyen infracción a los artículos 202 (fraude), 216 (archivo de datos o documentos falsos), 252 (aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos) y 264 (malversación de fondos públicos) del Código Penal de Puerto Rico. Igualmente, concluyó que el querellado incurrió en la conducta delictiva tipificada en el artículo 4.2 de la Ley Núm. 1-2012, conocida como la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico.
“Conforme a los hallazgos, la norma legal vigente y el quantum de prueba exigido en esta etapa de los procedimientos, recomendamos la designación de un FEI. En el día de hoy referimos el informe de la investigación preliminar y el expediente a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente”, confirmó el secretario de Justicia.
La investigación preliminar del Departamento de Justicia reveló que Torres Torres, mientras fue presidente de la Legislatura Municipal de Caguas, utilizó la propiedad pública y los servicios de los empleados públicos para atender asuntos estrictamente personales, ya que encomendó a funcionarios municipales a transportarle en vehículo oficial a diferentes foros en los cuales ofrecía conferencias, en su capacidad personal y por las cuales recibía remuneración económica de entidades privadas. Asimismo, lo trasladaban en vehículo oficial, ida y vuelta, al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín para viajes personales, no relacionados con sus funciones oficiales.
Entre las actuaciones indebidas del funcionario también se incluyen la impresión de las asignaciones escolares de sus hijas y el traslado de estas tareas a su residencia en días y horas laborables. Además, durante la pandemia de COVID-19, este solicitó los beneficios federales del Programa de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en inglés) y ofreció información falsa al indicar que no había recibido remuneración ni salarios en las semanas para las cuales solicitó dichos beneficios en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico.
Debido a que la investigación continúa, ahora en la OPFEI, el secretario y los funcionarios del Departamento de Justicia no emitirán comentarios adicionales sobre este caso en particular.
Desde el año pasado, la DIPAC del Departamento de Justicia ha completado 37 investigaciones que se han referido a la (OPFEI) relacionadas con actuaciones ilícitas por parte de alcaldes, legisladores y otros funcionarios. Actualmente, la DIPAC trabaja en 22 investigaciones adicionales.
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