Hallan causa para arresto contra presidente de Sunrise College por fraude

(20 de octubre de 2016) La juez María de Lourdes Camareno del Tribunal de San Juan encontró causa para arresto contra Héctor Quiñones Ramos, presidente de Sunrise College, tras presentarse 43 cargos en su contra por fraude, apropiación ilegal, falsedad ideológica y archivo de documentos falsos al incumplir con el ofrecimiento de certificaciones profesionales para estudiantes de enfermería  que se matriculaban en la institución.

Según se desprende de la investigación realizada por la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia, Quiñones Ramos ofreció la tramitación de certificaciones profesionales de enfermería sin la debida licencia del Consejo de Educación de Puerto Rico. En el periodo de febrero de 2015 a junio de 2016, el imputado ofreció certificaciones de enfermería a varios estudiantes y cobró los correspondientes cargos para ello. Las certificaciones, no obstante, nunca fueron provistas, esto a pesar de los múltiples reclamos de los estudiantes.

Del mismo modo, y como parte del esquema, Quiñones Ramos presentó ante la Junta Examinadora de Enfermería varias solicitudes de permiso con información falsa. Esto con el fin de obtener la aprobación de la Junta para ofrecer en Sunrise College cursos conducentes a completar certificaciones profesionales en enfermería.  Al presentar su solicitud Quiñones Ramos acompañó su Curriculum Vitae, en el cual indicó que había obtenido un doctorado en psicología de la Universidad Carlos Albizu. Sin embargo, según fue corroborado, éste nunca ha estudiado ni completado créditos en dicha institución universitaria.

Por los hechos antes expuestos se presentaron 43 denuncias contra Héctor Quiñones Ramos, como sigue: 12 cargos por fraude, 8 cargos por gestionar y tramitar certificaciones sin la debida licencia del Consejo de Educación bajo Ley Número 1 de 2010, 6 cargos por falsedad ideológica, 11 cargos por apropiación ilegal (8 graves y 3 menos graves) y 6 cargos por el archivo de documentos o datos falsos.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Brenda Rosado Aponte de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia, quien contó con la asistencia de la agente Hiba Numan Saleh de la División de Robo y Fraude de la Policía de Puerto Rico.

La magistrado fijó una fianza de $350,000. La vista preliminar quedó pautada para el 2 de noviembre de 2016.