La juez María de los Ángeles Rabell del Centro Judicial de San Juan, le fijó un fianza global de $5,800 al ex secretario auxiliar del Departamento de la Vivienda (DV), Federico Del Monte Garrido, luego de encontrar causa para arresto en 28 cargos criminales por un fraude de más de $6.8 millones al Programa de Comunidades Especiales y otro cargo por violación a la Ley de Ética Gubernamental relacionado a la utilización de propiedad pública para fines políticos, informó el secretario del Departamento de Justicia (DJ), Guillermo A. Somoza Colombani.

Contra Del Monte Garrido, explicó Somoza Colombani, se presentaron 28 denuncias por malversación de más de $700 mil de fondos públicos (Artículo 216 k del Código Penal de 1974), mediante un esquema donde el imputado autorizó el pago de facturas sometidas por el contratista Angel Cocero Cordero por servicios en las comunidades especiales donde fue contratado, pero que no prestó.

En cuanto a Cocero Cordero, éste enfrenta 30 cargos de fraude en la entrega de cosas y apropiación ilegal agravada, ambos delitos tipificados en el Código Penal de 1974. Al contratista se le imputa entregar planos fraudulentos que no se ajustaban a la realidad existente en las comunidades, cobrar por servicios de supervisión que nunca prestó o que no supervisó conforme a lo pactado y cobrar por participar en subastas de construcción de nuevas unidades de vivienda que nunca se llevaron a cabo.

Cocero Cordero, fue llevado ante la juez la semana pasada y se encuentra libre bajo fianza.

Los esquemas que se fraguaron desde el 2003 y se prolongaron hasta el 2005, incluyen a Del Monte Garrido, encomendando la planificación e implantación del programa de Comunidades Especiales, contratando a Cocero Cordero para que hiciera los planos de mejoras de viviendas, planos de nuevas viviendas y supervisara los proyectos de 14 comunidades especiales, a saber: Las Acerolas, en Toa Alta; Cangrejo y Buena Vista, en Humacao; San Francisco, García, Nieves y Matías en Aguada; Jacaboa en Patillas; El Burén en Sabana Grande; Melitón y Amparo en Barranquitas; los sectores Playita, Playa y Magas en Guayanilla y Media Cuerda en Isabela.

A través del Programa de Comunidades Especiales, Cocero Cordero se apropió ilegalmente de fondos públicos y Del Monte Garrido malversó más de $700 mil. No obstante, la investigación realizada por las Autoridades arrojó que en las comunidades investigadas se despilfarraron más de $6 millones al invertir cantidades millonarias sin que se levantara ni una residencia y pagándole a Cocero por la preparación de planos que nunca fueron utilizados por el DV.

“Cocero Cordero, no cumplió con su obligación contractual de visitar las comunidades antes de preparar los planos. Éste y Del Monte Garrido, en concierto y común acuerdo, diseñaron un esquema de preparación de planos para mejoras de residencias que no se pudieron utilizar por los contratistas que se llevaron las subastas porque los mismos no se ajustaban a la realidad”, explicó Somoza Colombani.

La investigación realizada por el fiscal de distrito de Ponce, Francisco Sánchez Rodríguez y los fiscales Iris Martínez Juarbe, Carlos Rivera Santiago y Martín Ramos Junquera, destacados en las Divisiones de Integridad Pública, Delitos Económicos y Oficina de Asuntos del Contralor del DJ, también reveló que Del Monte no sólo participó en el esquema ilegal de diseños y pagos por servicios no prestados, sino que utilizó los deberes y facultades de su cargo en el DV para vender boletos de actividades políticas del PPD en la propia agencia durante horas laborables y utilizando los recursos de la Agencia.

Del Monte Garrido vendía las taquillas a Cocero Cordero personalmente y por conducto de su ayudante y Coordinador del PPD en el DV, Edwin Rodríguez Díaz.

Contra Rodríguez Díaz, la juez Rabell encontró causa por un cargo por violar la Ley de Ética Gubernamental, fijándole una fianza de $200.

“Estos profesionales traicionaron la confianza del Pueblo. Malversaron y se apropiaron de fondos públicos destinados a mejorar la calidad de vida de las personas de escasos recursos. Estas personas se confabularon para cobrar por servicios que no se prestaron y para realizar labores innecesarias que redundaron en pérdidas sustanciales para el erario”, puntualizó el Fiscal Sánchez Rodríguez.

En esta investigación colaboraron también, agentes del Negociado de Investigaciones Especiales, funcionarios del la Oficina de la Contralor, del Programa de Comunidades Especiales y del DV.

Estos crímenes fueron detectados por los fiscales del DJ, como parte de la pesquisa que realizan las divisiones de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor del DJ en torno a las operaciones del Programa de Comunidades Especiales.