La fiscal Maricarmen Rodríguez Barea, directora de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia (DJ), informó que hoy se presentaron 98 cargos criminales contra un contador que se aprovechó de sus funciones para apropiarse de más de $40 mil de la dueña de varias farmacias que lo había contratado para que le proveyera servicios de contabilidad y gestiones ante el Departamento de Hacienda (DH) y otras Agencias Gubernamentales.

La Fiscal indicó que el imputado, José Ramón Toro Méndez, haciendo negocios como J.J. Accounting Services en Ponce, fue contratado por Inés Rosario Rivera, propietaria de la Farmacia Pabón y Farmacia Monserrate localizadas en los municipios de Guayama y Salinas para que ofreciera sus servicios de contabilidad.

Explicó Rodríguez Barea que el imputado diseñó un esquema de fraude donde preparó comprobantes de retención conocidos como “Formularios W-2”, como si fuese empleado de las farmacias, reportando salarios con retenciones. Posteriormente, los sometió al DH en conjunto con la totalidad de los comprobantes de los empleados de las farmacias.

Al momento de preparar su planilla de contribuciones sobre ingresos personales, el imputado incluyó los comprobantes falsos y reclamó las cantidades correspondientes a retenciones como reintegros contributivos en sus planillas de contribuciones sobre ingresos para los periodos 2005, 2006 y 2007.

Además, Toro Méndez pagaba sus deudas ante el DH con los cheques que le entregaba Rosario Rivera para cubrir sus responsabilidades contributivas y luego reclamaba los pagos en sus propias planillas.

Asimismo, el imputado realizó varios pagos a una tarjeta de crédito a nombre de su compañera, utilizando los cheques que la perjudicada le entregaba mensualmente para pagar el impuesto sobre venta y uso (IVU) a nombre de la Institución Bancaria que procesaba el pago.

A través del esquema, Toro Méndez se apropió de $40,900.

La perjudicada conoció del esquema cuando agentes del IRS se comunicaron con ella para informarle que el imputado estaba apropiándose de los pagos destinados al seguro social y medicare de los empleados de las farmacias. Por estos hechos, el imputado fue procesado a nivel federal.

Por los delitos cometidos en la esfera estatal, la juez Leilani Torres del Centro Judicial de San Juan determinó causa probable para arresto por infracciones a la Sección 6050 y 6054 del Código de Rentas Internas de Puerto Rico por presentar documentos, planillas y declaraciones falsas y fraudulentas y violaciones a los Artículos 210 (fraude) y 193 (apropiación ilegal agravada) del Código Penal.

La juez fijó una fianza global de $4,900 y señaló la vista preliminar para el 15 de mayo de 2012.