En lo que constituye el caso número 11 que se presenta como parte de la pesquisa que llevan a cabo las Autoridades en torno a las Comunidades Especiales, en la mañana de hoy se presentaron cargos por apropiación ilegal agravada e infracciones a Ley de Ética Gubernamental contra un empleado de la Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Socioeconómico y la Autogestión (OCGFSA) que cambió cheques destinados a un contratista de la Oficina que éste recomendó y se quedó con parte del dinero como pago por su labor, informó el encargado de la investigación, el fiscal Rodolfo G. Ocasio Bravo.

Surge de la investigación realizada por el Departamento de Justicia (DJ), en colaboración con la Oficina del Contralor de Puerto Rico que el imputado, identificado como José L. Contreras Santana recomendó a las compañías WIRAVI, Corp. Corporation y RB Quality Development Corporation para que brindaran servicios de mantenimiento de los aires acondicionados en el Centro de Apoyo a la Autogestión y Desarrollo Económico Comunitario (CAADEC) de Arroyo.

Durante el periodo de abril de 2004 a agosto de 2005, ambas compañías formalizaron contratos por cerca de $160 mil con la OCGFSA y el CAADEC para brindar mantenimiento a los aires acondicionados. A su vez, el imputado llegó a un acuerdo con el presidente de ambas compañías, donde éste le pagaba entre $1,000 y $1,500 mensuales por laborar con él brindando los servicios de mantenimiento.

La pesquisa que realizaron las Autoridades arrojó que entre julio a diciembre de 2004 el imputado recibió seis cheques pagaderos a WIRAVI, Corp. por $21,980. y los cambió en diferentes centros de cambio de San Lorenzo, reteniendo cerca de $10,500 como pago por sus servicios.

Las actuaciones del imputado constituyeron infracciones al artículo 166 (Apropiación Ilegal Agravada) del Código Penal de 1974 y al artículo 3.2 de la Ley de Ética Gubernamental, ya que se benefició económicamente, tras recomendar el contratista a la coordinadora de la Oficina en la que laboraba.

La juez Yazdel Ramos del Centro Judicial de San Juan, encontró causa para arresto contra Contreras Santana por los delitos imputados y le fijó una fianza global de $7 mil.

La vista preliminar quedó pautada para el 11 de julio de 2012.

Contreras Santana fungió como chofer de Luz Laboy Santos, ex ayudante de la Coordinadora General de la Oficina de Comunidades Especiales, quien también enfrenta un proceso judicial por haber violentado la Ley de Ética Gubernamental, tras haber obtenido un vehículo de uno de los contratistas de la Oficina que administraba.

El asunto fue referido al DJ por la División de Auditoría Legal de la Oficina de la Contralor de Puerto Rico y la investigación fue dirigida por el fiscal Ocasio Bravo, en colaboración con la agente del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) del DJ, Edna Cruz y la auditora de la Oficina del Contralor, Ivette Hernández Adorno.

Estos crímenes fueron detectados por los fiscales del DJ, como parte de la pesquisa que realizan las divisiones de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor del DJ en torno al Programa de Comunidades Especiales, en donde se han presentado 11 casos, de los cuales dos persona han resultado convictas hasta el momento.