En virtud de las disposiciones de la Ley Núm. 1 de 1 de enero de 2003, se crea en el Departamento de Justicia el Registro de Demandas Civiles del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

          Este registro incorpora, de forma prospectiva, información de las reclamaciones judiciales de naturaleza civil presentadas por y contra el Gobierno y sus entidades gubernamentales, cuyas cuantías excedan los cinco mil ($5,000) dólares. También incluye los procedimientos extraordinarios de “injunction” o “mandamus”, al igual que las demandas presentadas contra funcionarios del Gobierno en su carácter personal que estén relacionadas con el desempeño de sus funciones oficiales.

          A tenor con el espíritu de la Ley, el Registro provee un instrumento de búsqueda que facilita la identificación de las reclamaciones por agencia, departamento, corporación pública o municipio, así como cualquier otro organismo de las Ramas Ejecutiva, Legislativa y Judicial. De este modo se viabiliza el propósito legislativo de contar con una herramienta adicional para que el ciudadano pueda evaluar las ejecutorias de las entidades gubernamentales y sus funcionarios.

          Confiamos que el Registro de Demandas Civiles coloque al alcance de toda la ciudadanía la información que permita una fiscalización más efectiva y responsable del quehacer gubernamental.