OFICINA DEL FISCAL GENERAL

 

 

 

 

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          La Ley. Num. 83 de 18 de junio de 2002 creó la Oficina del Fiscal General de Puerto Rico, adscrita al Departamento de Justicia, con el propósito de dotar a Puerto Rico de una Fiscalía General estructurada de una manera más eficaz.  La Ley Núm. 205 de 9 agosto de 2004, Ley Orgánica del Departamento de Justicia reunió en una sola disposición legal las diversas funciones y deberes de los funcionarios adscritos al Departamento de Justicia, incluyendo el Fiscal General de Puerto Rico.  El Fiscal General tiene la obligación de investigar y procesar los casos de naturaleza penal, instar acciones necesarias para la restitución de fondos y propiedad obtenida de la comisión de delitos de corrupción gubernamental, crimen organizado y sustancias controladas, así como, investigar y litigar aquellos asuntos de naturaleza civil o administrativa que diversas leyes especiales le imponen.

         El Artículo 45 de la Ley Núm. 205 impone los siguientes deberes al Fiscal General, entre otros, supervisar la labor de los fiscales en la fiscalías, divisiones y programas; supervisar, en coordinación con el Secretario de Justicia, el funcionamiento y la implantación de los programas establecidos para brindar protección y asistencia a las víctimas y testigos; implantar, impartir y transmitir al personal bajo su supervisión la política pública establecida por el Gobernador y el Secretario de Justicia en el área de justicia penal y velar por que esta se cumpla.

         El Fiscal General debe desarrollar un sistema para evaluar y medir la eficacia de la investigación y procesamiento de los asuntos que atiende la Oficina; coordinar con el Instituto de Capacitación y Pensamiento Jurídico un programa permanente de adiestramiento para fiscales y el personal de apoyo técnico y profesional; coordinar acciones para mejorar la eficiencia de la litigación de los casos penales y la investigación criminal con diversas entidades, entre estas, la Sociedad para Asistencia Legal, el Colegio de Abogados, la Policía de Puerto Rico y Municipal y el Negociado de Investigaciones Especiales y recomendar al Secretario de Justicia las normas y órdenes administrativas que deban adoptarse para el mejor  funcionamiento de su Oficina.

 

         

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