La Ley Núm. 7 del 15 de mayo de 1959 (3 L.P.R.A., Sec. 84d) autoriza a la Oficina del Procurador General a realizar toda investigación que le solicite el Tribunal Supremo de Puerto Rico o el Secretario de Justicia.  En virtud de esta autoridad, el Tribunal Supremo de Puerto Rico le ha encomendado a la Oficina del Procurador General la facultad de intervenir en las quejas y procedimientos disciplinarios contra los abogados y notarios a tenor con las disposiciones de la Regla 14 de las del Tribunal Supremo.  Véase 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A R.14.

          Además, la Oficina del Procurador General está autorizada a presentar querellas contra abogados que sean culpables de engaño, conducta inmoral, delito grave o de delito menos grave en conexión con el ejercicio de su profesión o que fuese culpable de cualquier delito que implicare depravación moral.

          La función de la Oficina del Procurador General, en relación con las investigaciones sobre conducta profesional de los abogados y notarios, es informar al Tribunal Supremo si la queja demuestra conducta antiética de estos funcionarios y conducir la correspondiente querella (conducta profesional) si el Tribunal Supremo así lo ordenare.