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          El artículo 62 de la Ley Núm. 205 de 9 de agosto de 2004, según enmendada (3 L.P.R.A., sec. 294n) autoriza al Procurador o Procuradora General a realizar toda investigación que le solicite el Tribunal Supremo de Puerto Rico o el Secretario de Justicia.  En virtud de esta autoridad, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha encomendado al Procurador o Procuradora General la facultad de intervenir en las quejas y procedimientos disciplinarios contra los abogados, las abogadas, los notarios y notarias a tenor con las disposiciones de la Regla 14 del Reglamento del Tribunal Supremo.  Véase 2011 T.S.P.R. 174, 183 D.P.R. ___ (2011).

            La función del Procurador o Procuradora General en relación con las investigaciones sobre conducta profesional de los abogados, las abogadas, los notarios y notarias, es informar al Tribunal Supremo si la queja demuestra conducta antiética de estos funcionarios.  Además, deberá presentar la querella correspondiente cuando así lo solicite el Tribunal Supremo.



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