De la investigación llevada a cabo por la Policía de Puerto Rico, a cargo de la agente Brenda López Rodríguez, adscrita a la División de Delitos Sexuales del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas, y el Ministerio Público, el imputado Kevin Anes Negrón, cometió un patrón de actos constitutivos de abuso sexual en contra de una menor que se extendieron desde noviembre de 2023 al 29 de marzo de 2024. Para entonces, el imputado comenzó a enviarle y solicitarle fotos de carácter sexual a la menor, hasta agredirla sexualmente.

Tras escuchar la prueba presentada por la fiscal Sharlynne Sánchez Ocasio, el juez del Tribunal de Caguas, Carlos J. Capó Hernández, encontró causa en todos los delitos y le fijó al hombre una fianza de $60 mil. La vista preliminar fue señalada para el 31 de marzo de 2026.

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Según la investigación llevada a cabo por la Policía de Puerto Rico, a cargo de la agente Janitza Rodríguez Hebens, y el Ministerio Público, desde el año 2022 hasta julio de 2025 la mujer mantuvo un patrón de maltrato contra su hija menor de 14 años, que incluyó agresiones físicas con puños, patadas y golpes con un palo de escoba; insultos; y otras conductas, como estrangularla. Los hechos se reportaron en el municipio de Mayagüez.

El Ministerio Público presentó cargos por violaciones al Artículo 6.06 de la Ley de Armas y a los Artículos 53(d) y 53A de la Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores.

Tras escuchar la prueba presentada por las fiscales Rosa E. Acevedo González y Brittney A. Vázquez Matías, el juez Luis Padilla Galiano, del Tribunal de Mayagüez, encontró causa en todos los cargos y le impuso una fianza global de $15,000.00. La imputada quedó en libertad bajo fianza con supervisión electrónica. La vista preliminar fue señalada para el próximo 10 de abril de 2026.

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El fiscal Miguel Ángel Hornero Colón presentó los cargos ante la jueza Viviana Vélez Agosto, del Tribunal de Primera Instancia de Humacao, quien luego de escuchar la prueba encontró causa en todos los delitos, fijándole una fianza de $15,000.

La investigación llevada a cabo por la Policía de Puerto Rico, a cargo de la agente Ileana Cruz Velázquez, y el Ministerio Público, reveló que los hechos ocurrieron en el pueblo de Naguabo, durante los meses de mayo de 2024 y junio de 2024, allí Cruz Díaz se apropió ilegalmente de la cantidad de $1,460.00 utilizando de manera ilegal la tarjeta ATH de su señora madre de 75 años, exponiéndola al riesgo de sufrir daño a su salud, su bienestar y sus bienes.

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Tras una evaluación exhaustiva que incluyó el análisis de documentos y declaraciones juradas, la DIPAC concluyó que el referido presentado por el representante Domingo J. Torres García no constituye causa suficiente para una investigación bajo la Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI).

“Basado en el análisis de la evidencia, el Ministerio Público determinó que la información recibida no constituye causa suficiente para entender que el Dr. Edwin González Montalvo cometió algún delito, por lo cual no se iniciará una investigación preliminar”, expresó la fiscal Martínez Ortiz.

La determinación ya fue notificada formalmente a la OPFEI.

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En su determinación, el juez Calderón Cordero estableció que este “caso reúne los requisitos establecidos por nuestro ordenamiento jurídico para que la menor preste su testimonio mediante Sistema Televisivo de Circuito Cerrado. En particular, concluimos que los indicadores psicológicos que resultaron de las pruebas impartidas por la Dra. Judith Mercado Colón ponen a la menor en un estado de vulnerabilidad emocional general que sería probablemente exacerbado por testificar en presencia física de las imputadas. En consecuencia, determinamos que el uso del Sistema Televisivo de Circuito Cerrado no solo aportaría a proteger el bienestar y la salud física de la menor, sino a promover que pueda comunicarse efectivamente”.

Asimismo, estableció que, “este Tribunal no encuentra los argumentos presentados por la defensa persuasivos a la luz de la prueba presentada durante la vista de necesidad. Si bien la defensa argumenta que los sentimientos de miedo o nerviosismo manifestados por la menor no constituyen prueba suficiente para establecer la probabilidad de que sufra un disturbio emocional serio, del testimonio pericial de la Dra. Mercado Colón surge que” la menor presenta una sintomatología que la coloca en un estado de vulnerabilidad emocional que trasciende el mero nerviosismo asociado a la comparecencia en un tribunal.

En su determinación el juez destacó que, en consecuencia, a la luz de la totalidad de la prueba presentada con el testimonio y el informe de la Dra. Mercado Colón y lo observado y contestado por la menor en el interrogatorio, “el Tribunal entiende que existe la probabilidad de que la menor sufra un disturbio emocional serio que le impida comunicarse efectivamente de tener que testificar frente a las imputadas que se está viendo en conjunto con el imputado en este caso”.

Ante la resolución, el fiscal del distrito de Bayamón, Gabriel Redondo, expresó que, “esta determinación representa un paso importante para garantizar que la víctima pueda ser escuchada por el Tribunal en condiciones que protejan su bienestar emocional. Para el Ministerio Público, salvaguardar la integridad de las víctimas mientras procuramos que se haga justicia es un principio esencial de nuestro sistema”.  

El Departamento de Justicia, a través de la Fiscalía de Bayamón, presentó el 30 de enero de 2026, cargos contra cinco integrantes de una familia por el delito de maltrato de menores y restricción de libertad por hechos cometidos contra la  joven en la Urbanización Las Colinas en el pueblo de Toa Baja.

El Ministerio Público presentó un total de 15 cargos contra los integrantes de la familia ante el juez Rafael Parés Quiñones, del Tribunal de Bayamón, quien encontró causa para arresto en los delitos imputados bajo la Ley Número 57 para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores y por el delito de Restricción de Libertad del Código Penal.

Entre los imputados están el padre biológico de la víctima, Luis E. Meléndez Pagán, de 50 años; la madrastra Suhely Rivera Guzmán, de 49 años; y las hermanastras de la víctima, identificadas como Richeily M. Carmona Rivera, de 30 años, Sheilyann Carmona Rivera, de 27 años, y Roselyn Carmona Rivera, de 24 años. 

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(11 de marzo de 2026; Caguas, Puerto Rico)- El Departamento de Justicia, en coordinación con la Policía de Puerto Rico, presentó hoy 43 denuncias contra 10 imputados por delitos de robo, escalamiento, fraude en construcción, actos lascivos y maltrato de menores, como parte de un esfuerzo interagencial para fortalecer la respuesta del sistema de justicia ante la comisión de delitos y garantizar el debido proceso de ley, informó la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.

Las 43 denuncias fueron presentadas por la Fiscalía de Caguas, a cargo de la fiscal Arlene Gardón Rivera, ante la jueza del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, Karina Díaz, quien como resultado de los procesos impuso una fianza global de $2,583,000.00.

“En el Departamento de Justicia, nuestra prioridad es proteger a la ciudadanía y garantizar que todas las personas, especialmente los más vulnerables, reciban la protección que merecen bajo la ley. Cada caso que llevamos representa vidas afectadas y familias que dependen de un sistema de justicia eficiente, firme y humano. Continuaremos trabajando de la mano con la Policía de Puerto Rico para asegurar que quienes cometen delitos respondan por sus actos y que la justicia se administre con agilidad, integridad y sensibilidad”, expresó la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, al destacar el compromiso de los fiscales del distrito de Caguas, y los agentes del CIC, a cargo del capitán Harry Soliván Díaz, para que estos casos pudieran radicarse y hacerle justicia a las víctimas.

Casos presentados por la Fiscalía de Caguas:

1. Contra Wilfredo Villegas Andaluz se presentaron cargos por los delitos de apropiación ilegal agravada y fraude en la ejecución de obras. La investigación llevada a cabo reveló que para la fecha del 12 de agosto de 2024, el imputado fue contratado por Tomás Martínez Coriano para la instalación de puertas interiores y exteriores, ventanas, puertas de clóset y puertas de garaje, por la cantidad de $24,160,00.  Como parte del acuerdo, el querellante le entregó al hombre, que operaba el negocio bajo el nombre de Villegas Home Services, un depósito de $16,000.00.  Sin embargo, el querellante recibió únicamente las ventanas, pese a múltiples llamadas y mensajes de texto al imputado.  La jueza le impuso una fianza de $10,000.00, la cual el hombre prestó, la vista preliminar fue señalada para el 24 de marzo de 2026.
2. De otra parte, se presentaron cargos por el delito de fraude contra Víctor Gómez Medina, de 41 años, por hechos ocurridos el 21 de septiembre de 2024 contra Sandra Collazo. Para la fecha, la querellante suscribió un contrato con Gómez Medina, quien operaba bajo el nombre de Luxury Garage Door and More, para la realización de trabajos relacionados con puertas de garaje. Para esa fecha la mujer le pagó al imputado $8,490.00, sin embargo, a la fecha este no ha realizado los trabajos para los cuales se le contrato, ni ha reembolsado la suma pagada, a pesar de múltiples promesas incumplidas. Los cargos se presentaron en ausencia y la jueza le impuso una fianza de $50,000.00, además de expedir una orden de arresto en su contra.
3. Mientras tanto, contra Amilcar Norad Collazo, de 53 años, se presentaron cargos por fraude contra Juan Rivera Hernández en relación con hechos reportados el 25 de junio de 2025. De la investigación surge que el hombre acudió al establecimiento Caguas Comercial en el mencionado municipio y realizó un pagó con un cheque por la cantidad de $4,092.78. El cheque fue devuelto por falta de fondos, y el imputado no ha pagado la cantidad a Rivera Hernández. Los cargos contra Norad Collazo se presentaron en ausencia y, tras escuchar la prueba, la jueza le impuso una fianza de $130,000.00.
4.  Asimismo, se presentaron cargos contra Wilfredo Rodríguez Rivera, de 41 años, por el delito de escalamiento, perpetrado en la Escuela Miguel Meléndez Muñoz, en el pueblo de Cayey. Las cámaras de seguridad ubicadas en el plantel permitieron captar el momento en que el individuo accedió a los predios de la estructura a través de una verja que se encontraba entreabierta y luego se ve saliendo del interior de la escuela con dos compresores de aire acondicionado.  Cuando la guardia de seguridad de la empresa Génesis llega al lugar, sorprende al individuo montando los compresores en un vehículo. Tras escuchar la prueba, la jueza le impuso una fianza de $40,000.
5.  Entretanto, contra Edgardo Muñoz Rodríguez, de 38 años, se presentaron cargos por fraude contra Liliana Rivera Matos. De la investigación de los hechos se desprende que el imputado causó daño a la puerta de un establecimiento, logrando acceso al lugar y ocasionando daños a máquinas tragamonedas. La jueza Karina Díaz encontró causa en los cargos presentados y le impuso una fianza de $250,000.00.
6. En la tarde, también se presentaron cargos contra Oscar Rosario Zayas por el delito de robo y violaciones a la Ley de Armas por actos cometidos contra Roberto Colón Carrasquillo. La investigación de los hechos reveló que, para la fecha del 24 de enero de 2026, a eso de la 5:00 p.m., el querellante se encontraba sentado en el área de la sala de su residencia cuando se percató de un vehículo de motor detenido frente a su casa. Del vehículo se bajó un individuo, con una máscara blanca cubriendo su rostro y un arma de fuego, exigiendo que le entregara el dinero o de lo contrario le dispararía y lo mataría. Posteriormente, el asaltante entró a la residencia, junto al querellante, y en un dormitorio comenzó a buscar en el área del closet, exigiendo dinero y narcóticos. Luego se movió a la sala y la cocina.  El hombre se apropió de un celular, de llaves de la residencia y de vehículos de motor. Antes de marcharse, también agredió a Colón Carrasquillo en la cabeza con un arma de fuego. Tras escuchar la prueba, la jueza Karina Díaz le impuso al hombre una fianza de $600,000.00.
7. Como parte del operativo de radicación, se presentaron cargos contra Jeroham Peluyera Tirado por delitos relacionados a fraude en obras de construcción. La investigación de la Policía de Puerto Rico y el Ministerio Público reveló que, el ciudadano José Rodenas Medina pagó a Peluyera Tirado para que realizará, a través de su empresa KCD Construction Diseño y Más, trabajos de construcción en su residencia en la Urbanización Bello Monte en Guaynabo. No obstante, pese a que, para la fecha del 13 de diciembre de 2025, Rodenas Medina le entregó la cifra de $1,380.00 en efectivo, el imputado no ha realizado las obras para las cuales fue contratado.  La jueza Karina Díaz encontró causa contra Peluyera Tirado y le fijó una fianza de $130,000.
8. Por otra parte, se presentaron cargos contra Joel Llera Santos, de 54 años, por escalar un comercio propiedad de Alana Rodríguez Meléndez en hechos ocurridos para el 3 de febrero de 2026. Las cámaras del local grabaron cuando el hombre, tras escalar unas rejas de metal, accedió al lugar y se apropió de propiedad de Rodríguez Meléndez. La jueza Karina Díaz encontró causa en los delitos presentados contra el hombre y le fijó una fianza de $25.000.00.
9.   El Ministerio Público también presentó cargos por 3 casos diferentes contra Wilberto Alemán Betancourt, de 44 años, por escalar comercios ubicados en Caguas y Gurabo.
   • En el primer caso, Alemán Betancourt fue imputado de escalar el negocio Lomita de Charlie en la Avenida Degetau en Caguas para la fecha del 9 de noviembre de 2025, en horas de la madrugada. En el lugar el hombre se apropió de unos $2,200, bebidas alcohólicas, botellas de licor y cervezas artesanales. Los hechos quedaron grabados en las cámaras de seguridad del local. Tras escuchar la prueba en este caso, la jueza Karina Díaz encontró causa contra Alemán Betancourt y le impuso una fianza de $450,000.00.
   • En el segundo caso, Alemán Betancourt fue imputado de escalar la Panadería Pan y Canela ubicada en Caguas. Allí, la dueña del establecimiento reportó que el imputado le causó daños al cristal frontal del negocio con una piedra, logrando acceso al interior. Una vez dentro del local, se apropió de $300.00 en efectivo. Por estos hechos, la jueza Karina Díaz encontró causa contra Alemán Betancourt y le impuso una fianza de $300,000.
   • En el tercer caso presentado contra Alemán Betancourt, este enfrenta cargos por escalar la Panadería Los Quiñones ubicada en el pueblo de Gurabo.  Allí, la investigación reveló que, tras forzar la entrada principal del negocio, se apropiaron de unos $3,000 entre mercancía y dinero en efectivo. Los daños a la propiedad fueron estimados en $4,000.  La jueza Karina Díaz encontró también causa por estos hechos contra Alemán Betancourt y le impuso una fianza de $300,000.
10.   Por último, se presentaron cargos con Félix González Vázquez, de 52 años, por delitos de actos lascivos y maltrato a dos menores de edad. Al hombre se le impuso una fianza de $228,000.00.

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La investigación de la Policía de Puerto Rico y el Ministerio Público reveló que el hombre entró a la casa de Nilsa Ortiz González de 81 años, sin su consentimiento, allí le apuntó con un arma de fuego y la amenazó, al punto de esta temer por su vida. Los hechos ocurrieron en el pueblo de Naguabo.

El fiscal Juan A. Hernández Cruz presentó los cargos ante la jueza Viviana Vélez Agosto del Tribunal de Humacao, quien tras la prueba presentada encontró causa en todos los delitos imputados. Contra el hombre se impuso una fianza global ascendente a $150,000. Los cargos fueron presentados en ausencia por lo que la jueza emitió una orden de arresto contra este.

Cruz Rosario enfrenta cargos por violaciones al Código Penal y la Ley de Armas, por maltrato a persona de edad avanzada, maltrato mediante amenaza, escalamiento agravado, apuntar un arma de fuego, y portación ilegal de arma larga.

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La fiscal Dalinés Hernández Contreras presentó cargos contra el hombre por 5 violaciones a la Ley 22 de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, ante la jueza Karina Díaz, quien tras escuchar la prueba encontró causa en todos los delitos imputados. La vista preliminar fue señalada para el 10 de marzo de 2026.

La investigación de los hechos, a cargo del agente Luis H. Crespo Colón de la Policía de Puerto Rico y el Ministerio Público, reveló que el 30 de marzo de 2025 a eso de las 10:30 p.m., el occiso Velázquez Quiles se disponía a cruzar la carretera, frente al comercio Jimmy’s BBQ en Caguas, cuando fue impactado por el vehículo de motor marca Kia que manejaba Alejandro Cuadrado. Tras el impacto, Alejandro Cuadrado abandonó el lugar, regresando posteriormente a la escena. Velázquez Quiles fue llevado al Hospital Menonita de Caguas por un ciudadano, falleciendo a consecuencia del severo trauma corporal recibido.

El conductor del vehículo no poseía licencia de conducir al momento del accidente y arrojó .088% de alcohol en su organismo en la prueba realizada.

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