Se trata de 13 salones con equipo especializado para que, con el consentimiento de las víctimas, se transmita la entrevista con el fiscal, de manera simultánea, en el salón del técnico de servicios a víctimas para que este pueda escuchar la declaración previo a la radicación del caso. Así se agiliza la identificación de los servicios que necesita la víctima y se evita que esta tenga que repetir su testimonio.

“Con miras a continuar mejorando aún más los servicios que brindamos a víctimas de violencia de género y otros delitos sexuales, por medio de la Oficina de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delito, nos dimos a la tarea de crear unas nuevas salas especializadas de entrevistas, que se le llaman “soft interview rooms”. En el día de hoy estamos inaugurando 12 de las 13 salas en las Unidades Especializadas de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores, y la de Aguadilla se inaugurará tan pronto culmine su remodelación”, dijo Pierluisi quien cuando fue secretario de Justicia creó unidades especializadas en las fiscalías para atender a víctimas de delitos de violencia de género, abuso sexual y maltrato de menores.

Pierluisi, explicó que cada Fiscalía tendrá una de estas salas preparadas con elementos dirigidos a que los sobrevivientes se sientan más cómodos y seguros, tanto física como emocionalmente.

“Estas herramientas permiten proveer esa sensibilidad, respeto y trato especial a las víctimas sobrevivientes, reconociendo el trauma que han enfrentado y considerando los posibles efectos físicos, emocionales y mentales que se presentan en víctimas de delitos de violencia. Con esto buscamos darles el trato digno y considerado que necesitan y merecen”, abundó el gobernador.

Para el secretario de Justicia esta herramienta agiliza el otorgamiento de ayudas a las víctimas desde el inicio del proceso y evita que sean entrevistadas nuevamente por los técnicos de asistencia a víctimas para poder recibir los servicios disponibles a través de la OCSVTD. “Continuamos transformando la forma en que se atienden los casos de violencia doméstica y abuso sexual, de manera que las o los sobrevivientes no sean revictimizados y reciban el trato digno y sensible que requieren”.

Esta herramienta de entrevista promueve el enfoque centrado en el trauma, en la medida en que considera los posibles efectos y las respuestas biológicas y cognitivas que pueden estar presentes en las sobrevivientes de delitos de violencia de género. Los salones han sido decorados con colores
cálidos, muebles confortables y un ambiente acogedor. Esto permite que el fiscal y el transcriptor legal puedan realizar la entrevista y tomar la declaración jurada en un ambiente privado y adecuado, para que los sobrevivientes puedan manejar el proceso de la mejor manera posible. La iniciativa contó con una asignación de $212,981.00 otorgada mediante la Oficina de la Procuradora de la Mujer proveniente de los fondos otorgados en virtud de la ley federal de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus (CARES Act, por sus siglas en inglés).

Mientras, la directora de la OCSVTD, Sheila Miranda Rivera, expresó que “esta iniciativa no solo agilizará los procesos, en la medida en que el técnico de servicio a víctimas no tendrá que preguntar nuevamente en su entrevista sobre los hechos particulares del caso, sino que también permitirá que se comiencen a identificar y coordinar desde las primeras etapas de la investigación las necesidades de albergue u órdenes de protección, entre otras cosas. El elemento más importante de esta herramienta es que se evitará que las víctimas sobrevivientes tengan que repetir en múltiples ocasiones su testimonio, eliminando así la posibilidad de revictimización”.

Por su parte, la jefa de los fiscales, Jessika Correa González, comentó que “todos nuestros esfuerzos continúan encaminados para cumplir con la política pública del Gobierno de Puerto Rico de darle el trato más sensible y empático a las víctimas sobrevivientes de delito. Con esta iniciativa procuramos, dentro de los que sea lo posible en nuestro sistema criminal acusatorio, minimizar y evitar las continuas entrevistas y tomas de declaraciones donde las víctimas sobrevivientes se vean obligadas a revivir el dolor sufrido. Todo lo que abone a que no tengan que repetir entrevistas es un paso de avanzada y cónsono con la política pública antes mencionada”.

De esta forma, el Departamento de Justicia y su OCSVTD continúan cumpliendo con su obligación de implantar la política pública establecida en la Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos de Delito, Ley Núm. 22 de 22 de abril de 1998, en cuanto a proveer los servicios de orientación y apoyo que necesitan las víctimas sobrevivientes, así como con la declaración de Estado de Emergencia para erradicar la violencia de género que fue emitida por el gobernador.

Este es uno de los esfuerzos en conjunto que realiza el Gobierno. Precisamente, el mes pasado, el gobernador, informó el lanzamiento del renovado Portal de Rastreo de Equipo de Recolección Forense, utilizado en casos de violencia sexual, para que las personas sobrevivientes conozcan el estatus del equipo de recolección de evidencia, conocido como “safe kits”. También, la revisión del Protocolo Intergubernamental de Respuesta, la creación del Centro de Operaciones de Órdenes de Protección (COPOP), la presencia compulsoria de un fiscal en las vistas de los casos que ya es ley y el reclutamiento de fiscales para las divisiones especializadas de violencia, entre otras iniciativas.

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Frenan prácticas ilegales de vapeo entre menores y designan fondos para desarrollar programas de prevención y tratamiento

El secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico, Domingo Emanuelli Hernández, anunció hoy una transacción legal mediante la cual la Isla recibirá sobre siete millones de dólares para contrarrestar los efectos del uso ilegal de los cigarrillos electrónicos o vapeo entre menores de edad.

A través de la Oficina de Asuntos Monopolísticos (OAM) del Departamento de Justicia, el Gobierno de Puerto Rico se unió a 34 estados y territorios de Estados Unidos en una investigación contra JUUL Labs, Inc., principal fabricante de cigarrillos electrónicos, señalado por sus prácticas de mercadeo ilegales y engañosas para fomentar el vapeo entre jóvenes y niños.

“Como resultado de la investigación, presentamos una demanda por consentimiento en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, mediante la cual exigimos el cese y desista de las prácticas ilegales y engañosas ejecutadas por la empresa JUUL dirigidas a menores de edad. Tras meses de negociación, logramos un acuerdo de transacción mediante el cual estipulamos que la empresa detendrá sus prácticas ilegales y cumplirá con el pago de una compensación económica por una cantidad que supera los $7.5 millones, a los fines de contrarrestar los efectos del uso ilegal de los cigarrillos electrónicos, desarrollar medidas de prevención y educación sobre el impacto de esta práctica y ofrecer tratamiento a las poblaciones afectadas”, detalló el secretario de Justicia.

Entre los hallazgos, se descubrió que JUUL, con conocimiento de su ilegalidad, utilizó campañas publicitarias para atraer a millones de menores de edad para que adquirieran sus productos de vapeo. Alteraron la composición química para que resultaran más atractivos a los jóvenes. También engañaron a los consumidores en cuanto al contenido de nicotina y la adicción que provocan los cigarrillos electrónicos.

La compañía dirigía sus estrategias a los menores a través de fiestas de lanzamiento en las que distribuía muestras gratuitas, así como anuncios y publicaciones en redes sociales, utilizando figuras de moda entre la juventud. La empresa confiaba en la inefectividad de las medidas de verificación de la edad previo al consumo.

“Mediante esta acción protegemos a una población vulnerable de prácticas engañosas de una compañía que, por afán de lucro, no le importó dañar a gran parte de nuestros jóvenes y niños, prácticamente condenándolos a la adicción a la nicotina. Ahora esta empresa tendrá que asumir la responsabilidad por los daños ocasionados.  Con este acuerdo, no solo se detienen las prácticas ilegales que han provocado un incremento desmedido en el vapeo, sino que se designan los fondos para desarrollar programas de prevención y tratamiento dirigidos a la población afectada”, manifestó Emanuelli Hernández.

“Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, para el año 2019, el 13.1% de los jóvenes en Puerto Rico entre las edades de 15 a 18 años había probado el cigarrillo; mientras el 35.8% había utilizado el cigarrillo electrónico”, informó el secretario auxiliar de la OAM, el licenciado Guarionex Díaz Martínez.

Además de la compensación económica, JUUL también debe cumplir con estrictas medidas cautelares que limitan sus prácticas de venta y mercadeo. No podrá colocar anuncios en vallas o billboards ni en vehículos de transportación pública; tampoco podrá vender cigarrillos con sabores sin la aprobación de la FDA ni hacer una representación falsa sobre el contenido de nicotina de sus productos; tiene prohibido permitir acceso a sus páginas cibernéticas sin verificación de la edad ni utilizar influencers; tampoco distribuir muestras gratuitas, entre otras. El acuerdo incluye restricciones en torno al lugar donde se colocarán los productos en las tiendas y limita las ventas al detal y en línea.

La cifra millonaria será remitida en un plazo de seis a diez años a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA).

Por su parte, el administrador de ASSMSCA, el doctor Carlos Rodríguez Mateo, destacó lo fundamental de este anuncio, ya que permitirá reforzar las estrategias de prevención y promoción de la salud mental y física para beneficio de la población más vulnerable, que son los niños, adolescentes y jóvenes.

“Como hemos estado orientando y alertando desde ASSMCA, el cigarrillo electrónico y el llamado vapeo tiene un efecto nocivo a la salud de nuestros niños y jóvenes. Por lo que a través de este acuerdo con la compañía JUUL, nos proponemos incrementar las iniciativas de prevención e intervención entre la población de niños, adolescentes y sus familias a través de los diez Centros de Prevención con más servicios de orientaciones y talleres a nivel de Puerto Rico, así como aumentar los esfuerzos para evitar su accesibilidad. Lo que es clave para cambiar hábitos y conductas, según han demostrado los estudios”, expresó el doctor Rodríguez Mateo.

El vapeo entre los adolescentes aumentó desmedidamente después de la llegada de JUUL al mercado en el año 2015, lo que llevó a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) a declarar una “epidemia”.  En el año 2016, las ventas incrementaron un 700%, y para el 2018 la empresa dominaba el 75% de todo el mercado, impactando sobre cinco millones de menores aproximadamente.

Puerto Rico se unió en mayo del año pasado a la investigación, que inició a principios del año 2020 en los estados de Connecticut, Oregon y Texas. También se integraron los siguientes estados: Alabama, Arkansas, Delaware, Georgia, Hawaii, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Maryland, Maine, Mississippi, Missouri, Montana, North Dakota, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, Nevada, Ohio, Oklahoma, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Utah, Virginia, Vermont, Wisconsin y Wyoming.

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ASSMCA – Estadísticas – Uso de Vaporizadores – Consulta Juvenil 2020-2022

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Confirmamos que, durante una vista de estado de los procedimientos celebrada ayer en el Tribunal de Primera Instancia de Humacao, Francisco Peña Velázquez, imputado de arrollar a la legisladora municipal, Norma Casanova Delgado, y huir de la escena, se declaró culpable de los delitos formulados por la Fiscalía de Humacao del Departamento de Justicia.

El Ministerio Público no hizo reclasificación de ningún delito, ya que no hubo un preacuerdo entre las partes para dicha alegación. La fiscal Melissa Díaz Meléndez se encontraba preparada y contaba con la evidencia para litigar el caso y probarlo más allá de duda razonable.

Peña Velázquez, quien se desempeñaba como agente de la Policía, será sentenciado el 24 de mayo por violaciones a la Ley de Tránsito y destrucción de prueba.

Le deseamos pronta recuperación a la perjudicada, quien fue informada de lo acontecido durante el proceso y mostró satisfacción.

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Tribunal emite órdenes de arresto e impone fianza global de $2 millones

El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, informó que la Fiscalía de Guayama formuló cargos contra dos individuos imputados de asesinar, mediante acecho, a Gary Bonilla Santiago, a quien le dispararon desde un vehículo en marcha en el sector El Naranjo en Salinas, el pasado 5 de enero.

Ezequiel Rosado Cartagena, de 28 años, y Jaime Rodríguez Martínez, de 26 años, enfrentan cargos de asesinato en primer grado, según tipificado en el artículo 93 del Código Penal de Puerto Rico, así como de portación ilegal y disparar un arma de fuego, en violación de los artículos 6.05 y 6.14(b) de la Ley de Armas.

Conforme a la investigación, Rosado Cartagena y Rodríguez Martínez, mientras conducían un automóvil, acecharon y dispararon a Bonilla Santiago, quien también manejaba un vehículo de motor, causándole la muerte.

El juez Ángel G. Rodríguez Torres, del Tribunal de Primera Instancia de Guayama, determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $2 millones. Los cargos fueron presentados en ausencia por la fiscal Jessica Gotay Martínez, tras observarse el debido proceso de ley.

“El Departamento de Justicia continúa procesando los crímenes por acecho cometidos por individuos que ponen en riesgo a personas inocentes al perpetrar estos delitos en vías públicas con total menosprecio de la seguridad de todos. Exhortamos a toda aquella persona que tenga información sobre el paradero de los imputados a que se comunique con el Negociado de la Policía de Puerto Rico al 787-343-2020. Agradezco la labor la Fiscalía de Guayama, liderada por el fiscal Radamés Vega Rodríguez, así como de los agentes investigadores”, manifestó el secretario de Justicia.

La investigación estuvo a cargo del agente Fernando Cerdá Soto, adscrito a la División de Homicidios de Guayama del Negociado de la Policía. Una vez sean arrestados los imputados, se determinará la fecha de la vista preliminar.

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(San Juan, Puerto Rico) – Como medida para reforzar las investigaciones y combatir la criminalidad en la Isla y Estados Unidos, el Departamento de Justicia de Puerto Rico ampliará el intercambio de información de justicia criminal con las autoridades federales, a través del sistema National Data Exchange (N-DEx).

El Sistema de N-DEx, que entró en funcionamiento en el 2012, es un repositorio electrónico de registros de justicia criminal presentados por agencias en toda la nación americana.  La misión es proporcionar una herramienta en línea y accesible para que las fuerzas de ley y orden puedan compartir y analizar información entre jurisdicciones, que les brinde pistas de investigación y ayude a resolver casos criminales.

Esta plataforma, administrada por la Unidad de Intercambio de Datos (DSSU, por sus siglas en inglés) del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), permite a los investigadores vincular datos únicos, ubicados en las narrativas de los informes de incidentes criminales, que pueden ser fundamentales en los procesos investigativos y el manejo de situaciones de emergencia. Puerto Rico tiene acceso a N-DEx a través de la Oficina de Sistemas de Información de Justicia Criminal (SIJC) del Departamento de Justicia.

“La política pública de esta Administración del gobernador Pedro Pierluisi es de total colaboración entre las autoridades estatales y federales para reforzar la lucha contra el crimen y la prevención de delitos. Por eso, el intercambio de información entre jurisdicciones es esencial para el cumplimiento de la ley, así como para el esclarecimiento y procesamiento efectivo a nivel local y federal. Esta colaboración beneficia tanto a Puerto Rico y a los 50 estados, pues al eliminar las brechas jurisdiccionales facilita la interacción entre investigadores y refuerza el proceso investigativo”, expresó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.

Ante esto, la directora de SIJC, la fiscal Joynette Torres La Court, organizó una capacitación sobre los servicios que ofrece la plataforma N-DEx, dirigida funcionarios de la Policía de Puerto Rico, el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) y el Departamento de Justicia.

Torres La Court, quien además se desempeña como CJIS Systems Officer, destacó la importancia del adiestramiento ofrecido por el especialista de la Unidad de Intercambio de Datos de la sede de la Oficina de Sistemas de Información de Justicia Criminal del FBI, John Bush.

“Tener acceso a datos certeros y confiables a través de los sistemas de información de justicia criminal nos brinda una mayor garantía en el proceso de investigación, esclarecimiento e identificación de sospechosos.  En el día de hoy, también le mostramos al FBI la actual plataforma de justicia criminal de Puerto Rico, para que las autoridades federales también beneficien del intercambio de información que fortalece las investigaciones criminales. Continuaremos trabajando estrechamente con el FBI CJIS y fomentando la colaboración mediante iniciativas como esta”, puntualizó Torres La Court. El evento también contó con la participación del director de la DSSU, Constantine Alex.

Por su parte, el agente a cargo del FBI para el Distrito de Puerto Rico, Joseph González, indicó que

“las fronteras jurisdiccionales no representan limitaciones a la criminalidad. Si los criminales no se detienen a esperar por las autoridades dentro de una jurisdicción u otra, nosotros tampoco debemos hacerlo. Para hacer la diferencia por Puerto Rico y por la nación americana entera, es necesario y urgente que compartamos información y recursos, como lo estamos haciendo ahora. Solo así podemos lograr la misión que nos da la razón de ser.”

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La fianza global impuesta asciende a $20.5 millones

El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, informó que la Fiscalía de Mayagüez radicó 35 cargos hoy contra Pablo Omar Pérez Lugo, Joshue Ramón Ortiz García y Enrique Manuel Valentín Díaz por el asesinato de Jason A. Santiago Rivera y un ataque a tiros que dejó a dos policías heridos.

Los agentes fueron identificados como Radamés Miranda Pérez y el sargento Luis Aponte García.

Los fiscales Andy Rodríguez Bonilla, Yamilza Vázquez Cuevas y Gerardo Martínez Rodríguez, junto a la fiscal de distrito de Mayagüez, Blanca Portela, presentaron los cargos de asesinato en primer grado, tentativa de asesinato, violaciones a la Ley de Armas, destrucción de pruebas y conspiración, atentados o amenazas contra funcionarios del sistema de justicia.

 La jueza María del Pilar Vázquez, del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez, determinó causa para arresto por todos los delitos imputados por el Ministerio Público.  La fianza global impuesta al trío asciende a $20.5 millones.

 A solicitud de los fiscales, el tribunal también autorizó la revocación de una probatoria que cumplía Pérez Lugo por una condena previa.

 “Como secretario de Justicia, expreso mi total solidaridad y deseo de pronta recuperación a los agentes que fueron víctimas de este vil ataque. Asimismo, nuestras condolencias a la familia del joven occiso. Los responsables de estos actos criminales enfrentan la justicia desde hoy. El mensaje es claro para todo aquel que atente contra los funcionarios del orden público; no habrá impunidad, serán procesados”, manifestó Emanuelli Hernández.

 Por su parte, la jefa de los fiscales, Jessika Correa González, reconoció la labor de los fiscales y agentes que trabajaron en la investigación. “La labor realizada ha sido admirable y el resultado así lo demuestra. Agradezco al equipo de fiscales y agentes que lideraron la investigación”, expresó Correa González.

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Agradezco al gobernador, Pedro Pierluisi, que haya convertido en ley el Proyecto de la Cámara 1343, que nos permite hacerle justicia salarial a los fiscales, procuradores y registradores del Departamento de Justicia, quienes desde hace 20 años aproximadamente no recibían un aumento de sueldo.

Esta medida, que recibió el respaldo unánime de los legisladores, atempera el salario base de estos funcionarios, brindando una compensación que se ajusta a la realidad económica actual, así como a los retos y exigencias de su profesión.

Los fiscales son las voces de las víctimas en Puerto Rico. Están comprometidos con la verdad y la justicia.

Esta ley reconoce el desempeño de los funcionarios del Departamento de Justicia que tienen una responsabilidad enorme en sus manos, y la ejercen con pasión, excelencia e integridad. Me siento orgulloso de ellos. Bien merecido.

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Cerca de 400 fiscales, agentes investigadores, jueces, funcionarios de agencias gubernamentales y personal de organizaciones sin fines de lucro serán certificados hoy por el Departamento de Justicia y el Training Institute on Strangulation Prevention, tras haber sido adiestrados durante cuatro días para identificar potenciales feminicidas y los mecanismos para prevenir este delito.

El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernnández, indicó que, al concluir la capacitación multisectorial, denominada Perfil de un feminicida: ¿Cómo el estrangulamiento no fatal puede anticipar el feminicidio?, la agencia se propone a liderar grupos de trabajo a nivel interagencial para discutir los cambios o modificaciones necesarias para obtener resultados en todos los niveles, desde la investigación, el procesamiento, servicios de apoyo para las víctimas, entre otros.

“Es momento de tomar medidas concretas.  Estas iniciativas forman parte de las medidas que hemos implementado en cumplimiento con la Orden Ejecutiva emitida por el gobernador, Pedro Pierluisi, para erradicar la violencia de género. Nunca se habían ejecutado tantos esfuerzos para combatir este mal social. Este evento ya ha provocado un impacto, porque ahora tienen conciencia de cuan peligroso es el agresor que comete estrangulamiento no fatal y el trato que requiere la víctima, que incluye desde apoyo para reconocer el riesgo en el que se encuentra, hasta servicios de seguridad y salud particulares. Pero debe tener continuidad para lograr nuestro objetivo, erradicar la alta incidencia de violencia de género en la isla y prevenir los feminicidios. Pero para lograr resultados tenemos que unir esfuerzos todos los sectores gubernamentales y no gubernamentales”, enfatizó Emanuelli Hernández.  

La directora de la División de Coordinación de las Unidades Especializadas de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del DJ, la fiscal Laura Hernández Gutierrez, describió el adiestramiento como “uno práctico y en el que realizamos colaboraciones multisectoriales en las mesas de trabajo para analizar distintos escenarios. Muchos de los participantes desconocían la letalidad del perfil de este tipo de agresor, que es el capaz de matar. Creo que en estos cuatro días hemos dado pasos de gran avance”.  

“Fortalecer la recopilación de evidencia es clave para presentar los casos sin depender del testimonio de la víctima.  Asimismo, el apoyo de su grupo cercano, como familiares y amigos que perciben o presencian los incidentes y pueden testificar. Si aquellas personas cercanas a la víctima, que han atestiguado la violencia, les apoyan y declaran en corte, ese caso se puede procesar, aunque la víctima se retracte y es menor el impacto para esta. Así que nuestra exhortación es que, si conocen de alguna persona que ha sido estrangulada, sepa que está en un peligro real de morir a manos de ese agresor, apóyele para denunciarlo. Erradicar la violencia de género es una responsabilidad social de todos”, añadió Hernández Gutierrez.

Por su parte, la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, manifestó que “la educación —según he expresado en ocasiones anteriores— es la respuesta y el antídoto más certero para la violencia de género. Además, una intervención temprana por parte de todos los componentes del sistema de justicia, y de otras entidades de apoyo, es esencial para prevenir los feminicidios. Por eso, agradezco la disposición de los jueces y juezas, coordinadores de las salas especializadas, así como otros integrantes del Poder Judicial, de estar hoy aquí junto a funcionarios y funcionarias de otras entidades. Todos aquí tenemos claro que prevenir todas las formas de violencia de género, de violencia contra las mujeres, requiere la participación de todos los segmentos de la sociedad. Reitero el compromiso del Poder Judicial para que trabajemos juntos y juntas para garantizar que las mujeres no corran el riesgo de ser asesinadas simplemente por ser mujeres”.

La capacitación incluyó aspectos sobre la metodología de investigación y mejores prácticas en el procesamiento de estos casos, con el fin de obtener evidencia valiosa para lograr la convicción de los agresores. Asimismo, mejorar el ofrecimiento de servicios a las víctimas y lograr que sus sobrevivientes gocen de una mejor calidad de vida. El evento contó con la participación de expertos del Training Institute on Strangulation Prevention de San Diego, quienes se han involucrado en la implementación de medidas para lograr la reducción de estos delitos en el estado de California.

Como parte de las medidas implementadas en cumplimiento con la Orden Ejecutiva del gobernador, Pedro Pierluisi, en el mes de mayo el Departamento de Justicia incorporó una nueva herramienta en los protocolos de las investigaciones que realizan las unidades especializadas de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores, que permitirá, además, educar a todos los profesionales del ámbito público y privado que atienden a víctimas de violencia de género y maltrato a menores sobre el manejo idóneo de estos casos y los servicios necesarios para estas víctimas.

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La División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia radicó en el día de hoy ocho cargos contra un individuo imputado de apropiarse ilegalmente de $10,740, al solicitar y cobrar un cheque del Pandemic Unemployment Asistence (PUA) utilizando el seguro social de un policía estatal.

Además, el imputado, Gilberto Millán Torres, de 40 años, utilizó otros cuatro números de seguro social para hacer reclamaciones fraudulentas de asistencia económica bajo el PUA, de acuerdo con la investigación realizada por el agente Carlos Fernández Cruz, de la División de Fraude y Robo a Instituciones Bancarias de la Policía.

Contra Millán, la fiscal María Teresa Carro Lahongrais presentó cinco cargos de posesión y traspaso de documentos falsificados, un cargo de apropiación ilegal de identidad, uno de fraude y otro de apropiación ilegal de fondos públicos, según tipificados en los artículos 182, 209, 202 (b) y 217 del Código Penal de Puerto Rico.

“Las cinco reclamaciones fueron sometidas con el nombre de Millán Torres, su número de licencia de conducir y su dirección física. Uno de los números de seguro social que utilizó Millán pertenece a un agente de la Policía, adscrito al Cuartel de Hormigueros, quien es víctima del esquema ilegal”, explicó la fiscal Carro Lahongrais.

El juez Glen Velázquez Morales, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, determinó causa para arresto contra Millán Torres por todos los delitos imputados y le impuso una fianza de $64, 000, que no pudo prestar.

De ser encontrado culpable por todos los cargos, el hombre se expone a una condena de 15 años de reclusión en una institución penal.

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La Unidad Especializada de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del Departamento de Justicia presentó esta noche 15 cargos contra José Fernando Cosculluela Suárez, conocido en el ámbito artístico como Cosculluela, por un patrón de violencia doméstica contra su expareja.

El exponente de música urbana enfrenta 13 cargos bajo la Ley 54 de 1989, conocida como la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, y dos cargos por violaciones a la Ley de Armas de Puerto Rico, según detalló el coordinador de la Unidad Especializada de la Fiscalía de Humacao, el fiscal Miguel A. Hornero Colón.

El juez Carlos Capó, del Tribunal de Primera Instancia de Humacao, encontró causa para arresto contra Cosculluela Suárez y le fijó una fianza de $240, 000.00, luego que la defensa del imputado se allanara a la determinación del Tribunal.

“Conforme a la investigación, los delitos están relacionados con actos de violencia física, verbal y sicológica que ocurrieron entre el año 2017 hasta el pasado mes de agosto de 2022, previo a la solicitud de una orden de protección por parte de la víctima, que fue diligenciada en el día de hoy. Se radicaron cinco cargos de maltrato (Art. 3.1), tres cargos de maltrato agravado (Art. 3.2) y cinco por el delito de maltrato mediante amenaza (Art. 3.3) al amparo de la Ley 54, además, dos violaciones a los artículos 6.09 y 6.14 de la Ley de Armas, por portar y disparar ilegalmente un arma de fuego automática”, indicó el representante del Ministerio Público, quien no reveló la identidad de la víctima como parte del protocolo de seguridad.

A la mujer se le ofrecieron las ayudas disponibles a través de la Oficina de Compensación y Servicios a Víctimas y Testigos de Delito del Departamento de Justicia.

La vista preliminar fue señalada para el 31 de octubre.

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