DEPARTAMENTO DE JUSTICIA PRESENTA CARGOS CONTRA HOMBRE QUE DISPARÓ A SU PAREJA EN EL ROSTRO

La jueza Welda Rivera, del Tribunal de Primera Instancia de Utuado, determinó causa para arresto contra Javier Bermúdez López y le impuso una fianza global de $4, 000, 000

El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, informó que la Fiscalía de Utuado presentó cargos hoy contra Javier Bermúdez López, imputado de dispararle en el rostro a su pareja en presencia de su hija de tres meses de nacida.

Las fiscales Daralis Alicea Cordero y Mariela Rullán Declet radicaron cargos de tentativa de asesinato, violaciones a la Ley de Armas por la posesión ilegal de un arma de fuego, disparar y apuntar, y un cargo de maltrato, conforme al artículo 59 de la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores.

La jueza Welda Rivera, del Tribunal de Primera Instancia de Utuado, determinó causa para arresto contra Bermúdez López y le impuso una fianza de global de $4, 000, 000.

Los hechos ocurrieron ayer en la residencia de la pareja. Según surge de la investigación, luego de una discrepancia entre ambos, Bermúdez López apuntó y le disparó a la víctima, quien se encontraba en la cama de su habitación con su hija. La mujer resultó herida de bala en el lado izquierdo de su rostro y fue trasladada al Centro Médico de Río Piedras en estado crítico.

El secretario de Justicia informó que se inició el proceso para brindarle a la víctima las ayudas disponibles a través de la Oficina de Compensación y Servicios a Víctimas y Testigos de Delito del Departamento de Justicia.

“Ella contará con todos los servicios y ayudas disponibles. Además de procesar al agresor, el Departamento de Justicia ya le asignó un técnico que le acompañará durante el proceso y se iniciaron los trámites para brindarle lo que necesite”, informó Emanuelli Hernández.

La vista preliminar fue programada para el 4 de enero.

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Publicación: 10/24/2022

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Fiscales de la División de Crimen Organizado y Drogas sentarán a William Ojeda Ramos en la silla de los testigos

Luego de activar varios mecanismos legales para asegurar la comparecencia, el Ministerio Público sentará hoy en la silla de los testigos a William Ojeda Ramos, testigo principal en el proceso judicial iniciado contra los cinco imputados de asesinar al boxeador Héctor “Macho” Camacho y Adrián Mojica.

El pasado 10 de junio, la Fiscalía solicitó la intervención de las autoridades en el estado de Florida para que se ordenara el arresto y comparecencia compulsoria de Ojeda Ramos a la vista preliminar que se celebra en el Tribunal de Bayamón. Esto, luego de que Ojeda Ramos se ausentara a la vista el pasado 8 de junio, a pesar de haber sido citado por el Ministerio Público. Ante esto, el juez Elmer Rodríguez Díaz emitió una determinación de no causa para juicio, por lo que la Fiscalía solicitó una vista preliminar en alzada.

“Tal y como nos comprometimos, realizamos todas las gestiones necesarias para asegurar la comparecencia del testigo, ya que su testimonio es esencial para probar el caso más allá de duda razonable. En el Departamento de Justicia velamos por el buen uso de los fondos públicos, pero no escatimamos en recursos ni mecanismos en ley para garantizar el procesamiento criminal de los casos. Tenemos un compromiso con las víctimas de delito y con el país”, manifestó la jefa de los fiscales, Jessika Correa González.

 Hoy se reanuda el proceso a la 1:30 p.m. en el Centro Judicial de Bayamón, que opera desde el Tribunal de Familia y Menores debido a trabajos de mantenimiento. El Ministerio Público es representado por los fiscales Edwin Ortiz Rivera III, Gabriel Redondo Miranda y Héctor Siaca Flores, director interino de la División de Crimen Organizado y Drogas del Departamento de Justicia.

 El 9 de marzo de 2022 el Departamento de Justicia presentó 27 cargos contra Wilfredo Rodríguez Rodríguez, Juan I Figueroa Rivera, Joshua Méndez Romero, Luis G Ayala García, Jesus Naranjo Adorno tras una investigación liderada por la División de Crimen Organizado del Departamento de Justicia junto a la División de Crímenes Mayores del Negociado de la Policía.

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Secretario de Justicia Ordena Investigación Criminal Sobre Denuncias de Invasión en la Reserva Nacional Bahía de Jobos

 Luego de una reunión realizada ayer entre jefes y representantes de múltiples agencias gubernamentales que atienden distintos aspectos relacionados a la situación en la Reserva Nacional de Investigación Estuarina Bahía de Jobos, el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, determinó ordenar una investigación de carácter criminal paralela a la que realiza el Departamento de Recursos Naturales (DRNA) en el ámbito civil.

 “Tras evaluar la información que surgió en la reunión ayer, he determinado ordenar una investigación sobre posibles violaciones de carácter criminal en las construcciones y ocupación de los terrenos pertenecientes al DRNA en el área de la reserva en Salinas”, manifestó el secretario.

 Como parte de la investigación, se solicitará a las agencias pertinentes la entrega de una copia certificada del expediente y todo documento que tengan en su poder relacionado con este caso.

 A solicitud del DRNA, en octubre de 2021, Justicia concedió una dispensa para que la agencia pudiera contratar representación legal privada para presentar el caso a nivel civil en lugar de ser representado por el Departamento de Justicia.

 “Según advine en conocimiento meses después de asumir el cargo como secretario de Justicia, este caso se estuvo trabajando desde agosto de 2020 en la Secretaría de lo Civil, ya que de la evaluación realizada por fiscales de la agencia, a base de la información provista por el Departamento de Recursos Naturales, el Ministerio Público no podía iniciar una acción de carácter penal”, informó el secretario.

 No obstante, luego de evaluar la información obtenida recientemente, Justicia iniciará un proceso de investigación de índole criminal.

Las fiscales designadas a investigar son Zayla N. Díaz Morales y Roxanne Rivera Cintrón, quienes iniciarán el proceso de recopilación de evidencia prontamente.

 “Durante años, esta situación no se atendió debidamente. Ahora está en nuestras manos ponerle punto final a lo que parece ser un atropello a los recursos naturales pertenecientes al pueblo puertorriqueño”, sentenció Emanuelli Hernández.

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 Departamento de Justicia Distribuye Fondos Adicionales para Combatir El Crimen y Apoyar a las Víctimas

 El secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico, Domingo Emanuelli Hernández, anunció que la agencia distribuirá $10,213,676.00 de fondos federales para asistir a las víctimas de delito, y $2,174,440.00 para combatir el crimen en la isla.

 Las partidas fueron asignadas a través de dos programas del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), Asistencia a Víctimas del Crimen (VOCA, por sus siglas en inglés) y Edward Byrne Justice Assistance Grant (JAG, por sus siglas en inglés).

 El secretario informó que los fondos VOCA “están disponibles para ampliar y reforzar los servicios que ofrecen distintas instituciones públicas y privadas, a nivel de toda la isla, para apoyar a las víctimas de delito, incluyendo violencia de género, abuso sexual, acoso, crímenes de odio, entre otros. Estas entidades complementan la gran labor que se realiza en la agencia al ofrecer servicios directos para asistir a las víctimas de delito”.

 Mientras, los fondos JAG se otorgan a los componentes del sistema de justicia criminal y/o a organizaciones y entidades para abordar el crimen y mejorar la seguridad pública. “Los fondos JAG podrán utilizarse para subvencionar: personal, equipo, capacitación, asistencia técnica y sistemas de información, para optimizar el alcance en la aprehensión, enjuiciamiento, adjudicación, detención y rehabilitación de los delincuentes que violan las leyes federales y estatales”, explicó Emanuelli Hernández.

 Las organizaciones sin fines de lucro, agencias gubernamentales y municipios interesados en recibir los fondos tendrán hasta el viernes 8 de abril de 2022, a las 4:30 p.m., para presentar sus propuestas a la División de Recursos Externos del Departamento de Justicia estatal. El proponente deberá entregar la propuesta original en la sede principal del Departamento, ubicada en la calle Teniente César González Esq. avenida Jesús T. Piñero. Al culminar dicho término, no se aceptará propuesta alguna.

“A través de estos fondos, distintas entidades ofrecen servicios sicológicos, económicos, y legales a las víctimas del crimen en un momento de gran vulnerabilidad. De esta forma, se les brinda el apoyo necesario para que puedan enfrentar su proceso”, añadió el secretario.

 Para someter propuestas bajo estas subvenciones, las instituciones deberán tener sus estados financieros y single audits al día y sin ningún señalamiento significativo referente al manejo y administración de fondos federales. Igualmente, tendrán que cumplir con las guías establecidas para el desarrollo de propuestas en los formatos solicitados, por los distintos programas de fondos federales. Dichos formatos están disponibles en la página electrónica de la agencia (justicia.pr.gov).

 Para conocer detalles adicionales sobre los criterios de elegibilidad o aclarar alguna duda, pueden acceder a la página electrónica de la agencia justicia.pr.gov o comunicarse con la licenciada Lorena Soler Centeno a lorena.centeno@justicia.pr.gov o a la extensión 1757.

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 Causa para Arresto Contra los tres Imputados de Atacar a Tiros a Policías y Dejar un Agente Herido de Gravedad

El juez Glenn Velázquez Morales, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró causa para arresto contra Miguel A. Forteza Ramos, Víctor Santana Hernández y Pedro V. Nieves Hernández, imputados de disparar a varios agentes de la Uniformada y herir de gravedad al policía Waldemar Burgos Rodríguez tras una persecusión que terminó con una balacera en el residencial Vista Hermosa.

Al trío se le impuso una fianza global de $5.5 millones. “A Forteza Ramos se le fijó una fianza de $2.5 millones, mientras a Santana Hernández y a Nieves Hernández el juez les impuso la cantidad de $1.5 a cada uno”, confirmó la jefa de los fiscales, Jessika Correa González, al concluir la vista de Regla 6.

Hoy la fiscal del Departamento de Justicia, Adriana Albors Ortiz, presentó cargos de tentativa de asesinato y violaciones a los artículos 6.05, 6.09 y 6.14 de la Ley de Armas contra los tres individuos. Forteza Ramos también enfrenta un cargo por infringir el artículo 6.22 de la Ley de Armas, por la posesión de municiones. La vista preliminar fue señalada para el 18 de abril en la sala 605.

Forteza Ramos, de 22 años, y Santana Hernández, de 29, fueron arrestados a solo horas del suceso. Nieves Hernández, de 23 años, se entregó esta noche a las autoridades.

 Más temprano, Correa González dijo que “el Ministerio Público cuenta con la prueba requerida en esta fase para presentar cargos contra los responsables de atacar a tiros a varios policías en el cumplimiento del deber. Llegaremos hasta las últimas consecuencias para procesar a estos criminales. El atentado contra un agente o funcionario del orden público es un acto totalmente repudiable que no vamos a permitir en Puerto Rico”, advirtió la jefa de los fiscales.

Por su parte, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, enfatizó que “el Ministerio Público actuará con mano dura en el procesamiento de este caso. La actuación de estos delincuentes es altamente peligrosa para el país y no la vamos a tolerar de ninguna manera. Esperamos que el agente Burgos Rodríguez se recupere pronto”.

Ayer, 2 de abril de 2022, a eso de las 1:26 a.m. los agentes Waldemar Burgos Rodríguez y Yomara Valle Rivera, adscritos a la Unidad Motorizada del Negociado de la Policía en San Juan, realizaban un patrullaje preventivo por el área de la avenida Jesus T. Piñeiro cuando se percataron de que el conductor de una guagua Toyota RAV4 rebasó la luz roja de un semáforo de la referida vía. Los ocupantes del vehículo hicieron caso omiso a los comandos de los policías que les ordenaron detenerse, iniciando así una persecución a lo largo de la avenida De Diego en Puerto Nuevo hasta llegar al Residencial Vista Hermosa.

 “El trío de delincuentes, actuando en concierto y común acuerdo, dispararon contra los agentes del orden público, Waldemar Burgos Rodríguez, Yomara Valle Rivera y Alexis Mitja González. El policía Burgos Rodríguez resultó gravemente herido porque recibió un disparo en la cabeza. Los criminales también apuntaron y dispararon contra otros agentes que arribaron al lugar, pero afortunadamente las balas no los alcanzaron”, relató la fiscal Correa González.

 La investigación, que contó con el respaldo de la alta cúpula del Departamento de Seguridad Pública, el Negociado de la Policía y las autoridades federales, estuvo a cargo del agente Javier Jiménez Muñiz, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan.

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Justicia Radica Cargos Contra 24 Personas por Esquema de Fraude al Colegio De Peritos Electricistas de Puerto Rico 

Los dineros provenían del Fondo de Compensación por Muerte e Incapacidad Permanente de la entidad

Una investigación del Departamento de Justicia y el Negociado de la Policía de Puerto Rico, adscrito al Departamento de Seguridad, puso al descubierto un amplio esquema de fraude encabezado por una exsecretaria ejecutiva del Colegio de Peritos Electricistas de Puerto Rico y veintitrés familiares y allegados suyos, por una suma ascendente a $124,000.

 Por estos hechos, la División de Delitos Económicos de Justicia radicó 63 cargos contra las veinticuatro personas vinculadas a una operación concertada de fraude y falsificación de documentos, la cual tuvo lugar entre febrero de 2019 y enero del 2020, y afectó las finanzas del Fondo de Compensación por Muerte e Incapacidad Permanente de la institución, el cual fue creado con el fin de compensar a los familiares beneficiaros de los peritos electricistas colegiados que sufren muerte o incapacidad permanente.

 La mayor cantidad de cargos, quince en total, fueron presentados por la fiscal Roxanne Rivera Carrión, en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, contra la exsecretaria de la organización, Jennifer Ruiz Pacheco, quien, para la fecha de los hechos era la encargada de realizar todos los pagos a nombre del Colegio, entre ellos, facturas, nómina y desembolsos de las cuentas de la entidad.

 La jueza, Gloria De Jesús Machargo, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, determinó causa para arresto por todos los cargos contra los 24 imputados y señaló impuso una fianza global de $1,065,000.

 De acuerdo con la pesquisa que condujeron el director de la División de Robos a Bancos de la Policía, el teniente José Ayala, y la agente, Katiria Rossini Padilla, previo a su renuncia a principios del 2020, Ruiz Pacheco preparó treinta cheques por la suma de $4,000 a nombre de cada uno de los coacusados. Estos resultaron ser familiares y allegados de Ruiz Pacheco, que no tenían vínculo alguno con el Colegio ni con los peritos electricistas o sus familiares.  Los pagos se hicieron contra la cuenta del Fondo de Compensación por Muerte e Incapacidad Permanente del Colegio.

 La investigación reveló que Ruiz Pacheco le daba los cheques a un familiar y esta se encargaba de entregarlos a los destinatarios y de asegurarse que estos los cambiaran y le devolvieran el dinero en efectivo a Ruiz Pacheco, a cambio de una pequeña cantidad que retenían.

 En medio de una auditoría encomendada por la nueva presidenta del Colegio, Frances Berríos Meléndez, una empleada alertó en torno a cheques duplicados a beneficiarios y un gasto excesivo en los desembolsos de la cuenta de la Comisión de Beneficencia. De inmediato, Berríos Meléndez presentó ante la División Robos a Bancos de la Policía la querella que dio paso a la investigación.

 “El hecho de obtener ventaja económica de un beneficio que se creó para compensar por causa de muerte o incapacidad permanente es un acto de abuso y menosprecio por los más vulnerables”, declaró el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, quien además reconoció al Colegio de Peritos Electricistas por la rápida y acertada acción que dio paso a la investigación y el encausamiento de los implicados en el esquema ilegal.

 Por su parte, el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, manifestó su indignación ante lo que alega es un acto de deslealtad hacia sus patronos y los socios de la entidad, quienes le depositaron su confianza. “En un total menosprecio a la libertad de sus familiares y allegados, terminó involucrándolos en el esquema que los conducirá a todos a prisión”, agregó.

 Contra Ruiz Pacheco se radicaron doce cargos por el artículo 182 del Código Penal, de apropiación ilegal agravada, uno por el artículo 202, de fraude, uno por el artículo 217, posesión y traspaso de documentos falsificados, y uno por el artículo 212, de falsedad ideológica. Cada uno de los cargos conllevan penas fijas de cárcel. De resultar convicta en todos los cargos, Ruiz se expone a una condena de hasta 8 años de cárcel.

 Contra el resto de los imputados se radicaron dos cargos, por el artículo 182, de apropiación ilegal agravada, y bajo el artículo 217, de posesión y traspaso de documentos falsificados, respetivamente. Uno de los imputados enfrentará dos cargos por cada delito ya que cambió dos cheques.

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Causa para Arresto Contra Sospechoso de Asesinar a Comerciante Frente a Pizzería en Santurce

Las autoridades buscan al imputado a quien se le impuso una fianza de $7, 000,000.00

 Tras evaluar la prueba presentada por la Fiscalía de San Juan del Departamento de Justicia, la jueza Ileana Blanco Maldonado, encontró causa para arresto contra Yulián E. Maysonet Sorando, por el asesinato del comerciante, Joel J. Di Prieto, la madrugada del 3 de abril, frente a la pizzaría Piezas Pizza en Santurce.

 El Negociado de la Policía busca al imputado, a quien se le radicaron siete cargos en ausencia y se le impuso una fianza de $7, 000,000.00.

 Los fiscales, Alberto Cuevas Trisán y Orlando Velázquez Reyes, presentaron un cargo de asesinato en primer grado (Artículo 93) y un cargo por disparar un arma de fuego en un lugar público (Artículo 249) según el Código Penal de Puerto Rico. Además, radicaron cinco cargos por poseer, portar, apuntar y disparar ilegalmente un arma de fuego alterada, en violación de la Ley de Armas de Puerto Rico.

 El imputado utilizó un arma modificada para disparar de forma automática, la cual fue ocupada por la Policía. El occiso es el padre de la novia de Maysonet Sorando y propietario del negocio Piezas Pizza.

 La investigación estuvo a cargo de la agente del Negociado de la Policía, Norail Travieso Rivera, adscrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan.

 Para ofrecer información sobre el paradero de Maysonet Sorando, puede comunicarse al 787.343.2020.

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