El acuerdo de transacción con Navient beneficiará a miles de estudiantes en la isla 

El Departamento de Justicia de Puerto Rico alcanzó un acuerdo con la empresa Navient Solutions que beneficiará a miles de deudores de préstamos estudiantiles en la Isla, ya que viabilizará la cancelación de sobre siete millones de dólares en deudas y, en algunos casos, hasta la restitución de dinero.

El acuerdo de transacción con el otrora principal proveedor de préstamos estudiantiles en Estados Unidos fue presentado por el Departamento de Justicia, a través de su Secretaría de Asuntos Monopolísticos, el pasado 18 de septiembre, en el Tribunal Federal para el Distrito de San Juan.

“Este acuerdo representa un alivio significativo para miles de estudiantes en Puerto Rico. De esta forma, cumplimos con nuestro objetivo de procurar que Navient reparara los daños provocados con su conducta abusiva y engañosa. Se aprovecharon de la situación económica precaria de miles de estudiantes con grandes metas y sueños por cumplir. Sin embargo, con la autoridad que tenemos como Departamento de Justicia de Puerto Rico, a través de la Oficina de Asuntos Monopolísticos, defendimos sus derechos y logramos que se les haga justicia”, destacó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.

El secretario de Justicia destacó que, durante su administración, “además de reforzar estrategias para combatir la criminalidad, el Departamento de Justicia se enfocó en defender a las poblaciones más vulnerables, mediante reclamaciones civiles y el recobro del dinero del pueblo. Los esfuerzos han tenido éxito y han beneficiado al pueblo puertorriqueño”.

Por su parte, el secretario auxiliar de la OAM, Guarionez Díaz Martínez, detalló que el acuerdo contempla la cancelación de deudas en su totalidad para los prestatarios elegibles a base de los criterios establecidos entre las partes conforme a los reclamos presentados por Justicia. “Este acuerdo permitirá la cancelación de $7.7 millones en deudas. Cabe señalar que en muchos de los casos se cancelará la cuantía total del préstamo otorgado. Además, se identificó una partida de alrededor de un millón para la restitución de dinero a los estudiantes elegibles”, explicó Díaz Martínez.

En agosto del año pasado, el Departamento de Justicia de Puerto Rico demandó a Navient, anteriormente conocida como Sallie Mae, por fraude y prácticas engañosas al promover préstamos de alto riesgo en perjuicio de estudiantes que asumieron deudas para poder completar estudios universitarios.

La demanda detalló que la entidad administradora de préstamos federales y privados incurrió en prácticas injustas y abusivas en virtud de leyes federales. Entre las prácticas irregulares de Navient, mencionadas en la demanda, figura la originación de préstamos de alto riesgo, conocidos como subprime, a sabiendas de que los estudiantes no tenían la capacidad de pago, para luego incurrir en gestiones de cobro agresivas, arruinando de paso la vida de los estudiantes en el proceso. Otra de las alegaciones es que la empresa inducía a los estudiantes que tenían dificultades para abonar a los préstamos a realizar acuerdos de pago diferidos o forbearance, en lugar de hacerles planes de pago a base de sus ingresos, lo que se conoce como income-driven repayment program (IDR), que podían resultar más favorables en la mayoría de los casos. Bajo el llamado forbearance se aplazaban los pagos por un tiempo, pero durante ese lapso seguían acumulándose los intereses y los estudiantes terminaban pagando mensualidades significativamente más altas que las originalmente pactadas. 

De igual forma, Justicia alegó que Navient deliberadamente fallaba en informar a los deudores las fechas en que debían renovar o recertificar sus planes de pago, con lo cual los exponía a consecuencias irreversibles, tales como incrementos sustanciales en las mensualidades y la pérdida de subsidios federales para el pago de intereses, entre otros. Como consecuencia de esta mala práctica, el 60% de los estudiantes deudores no cumplieron a tiempo con las recertificaciones.

Navient, que administró préstamos federales hasta el año 2021, tenía procesos sumamente ambiguos que resultaban en errores en la aplicación de los pagos, particularmente cuando un estudiante tenía varios préstamos, lo que resultaban en recargos indebidos, aumentos en los intereses e informes de crédito negativos, provocando repercusiones negativas sobre las finanzas, el crédito y la vida de los estudiantes deudores. A pesar de las denuncias de los prestatarios, Navient no implementó procesos adecuados para evitar que los errores se repitieran.

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Criterios de elegibilidad para la cancelación de deuda o restitución de dinero

Cancelación de deuda

El alivio de la deuda de préstamos privados se destinará principalmente a deudores que cumplen con lo siguiente:

• Solicitaron préstamos estudiantiles privados de alto riesgo (otorgados a prestatarios con puntajes crediticios bajos) a través del predecesor de Navient, Sallie Mae, entre 2002 y 2014, y posteriormente realizaron pagos morosos por un periodo de más de siete meses consecutivos, antes del 30 de junio de 2021.

• También incluye otros préstamos estudiantiles privados que no son de alto riesgo, otorgados por Sallie Mae Bank y otros prestamistas entre 2002 y 2014, para que los prestatarios asistieran a escuelas con fines de lucro específicas que han sido objeto de acciones en virtud de leyes estatales o federales.

• Para ser potencialmente elegible para el alivio de la deuda de préstamos privados, según el acuerdo, el préstamo debe haber estado en mora durante más de siete meses consecutivos antes del 30 de junio de 2021.

• En general, solo los préstamos que estaban dentro de un período de prescripción o que todavía se informaban crediticiamente al 30 de junio de 2021 están dentro del alcance del alivio de la deuda.

Restitución

Los prestatarios de préstamos federales que aceptaron acuerdos de pago diferidos o forbearance recibirán una restitución si:

• Residieron en Puerto Rico y recibieron servicios de Navient a partir de enero de 2022.
• Comenzaron a pagar un préstamo del Programa Directo o FFEL antes de enero de 2015.
• Obtuvieron, al menos, un préstamo federal que era elegible para el pago basado en sus ingresos.
• Estuvieron, al menos, dos años consecutivos bajo acuerdos de pago diferidos o forbearance entre octubre de 2009 y enero de 2017, donde al menos uno se realizó a través de una llamada telefónica, y donde al menos la mitad del periodo fue prospectivo, es decir, no se utilizó para poner al día un préstamo vencido.
• No se inscribieron en planes de pago a base de sus ingresos antes del período de pago diferidos.

El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, informó que la Fiscalía de San Juan presentó en el día de hoy cargos de exposiciones obscenas contra Aníbal Díaz Meléndez, de 40 años, por hechos ocurridos en dos establecimientos de una cadena de venta de café en la ciudad capital.

El individuo realizó los actos obscenos en presencia de dos féminas en dos tiendas distintas durante el mes de agosto del año pasado, según confirmó la investigación liderada por la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del Departamento de Justicia junto al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del Negociado de la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con la pesquisa de la agente Aidalí Plaza Acevedo, de CIC de San Juan, el hombre acudió a las tiendas y no compró ni consumió alimentos. En su lugar, este se ubicó cerca de las jóvenes adultas y procedió a mostrar sus genitales y a estimularse sexualmente frente a ellas, en fechas distintas. Las perjudicadas procedieron a presentar las querellas ante la Policía.

Por dichos actos, la fiscal María Ysabel Cruz Rolón presentó en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan dos cargos de exposiciones obscenas contra Díaz Meléndez, bajo el artículo 136 del Código Penal de Puerto Rico.

El artículo establece que incurrirá en delito menos grave la persona que exponga cualquier parte íntima de su cuerpo, en cualquier sitio en que estén presente una o varias personas a quienes tal exposición pueda ofender o molestar.

Después de escuchar la prueba presentada por la Fiscalía de San Juan, el juez Juan León González, determinó causa probable para juicio.

“Las actuaciones imputadas en el presente caso son repudiables. La valentía de las jóvenes afectadas nos permitirá procesar un ofensor sexual y evitar que esta conducta se repita. El Departamento de Justicia está listo para probar este caso más allá de duda razonable y brindarles paz a las víctimas”, expresó el secretario de Justicia.

El juicio fue programado para comenzar el 5 de septiembre a las 8:30 a.m.

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El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, informó que la Fiscalía de Ponce formuló cargos hoy contra una mujer que dejó a su hijo, de un año, solo en el interior de un automóvil mientras esta hacía compras en una megatienda, cerca del mediodía del pasado 21 de julio.

La fiscal Tasha Cruz Rodríguez, adscrita a la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del Departamento de Justicia, formuló un cargo contra Haydee Zambrana Quiñones por haber incurrido en conducta constitutiva de maltrato, en violación del artículo 53 de la Ley 57-2023, conocida como Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores.

Dicha disposición establece que “todo padre, madre, persona responsable del menor, o cualquier otra persona que por acción u omisión intencional incurra en un acto que cause daño o ponga en riesgo a un menor de sufrir daño a su salud e integridad física, mental o emocional, será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de (5) cinco años o multa que no será menor de cinco mil (5,000) dólares ni mayor de diez mil (10,000) dólares, o ambas penas, a discreción del tribunal”. La pena podría ser mayor de mediar circunstancias agravantes.

El día de los hechos, el infante fue hallado por una fiscal que se percató de que el niño se encontraba en su asiento protector dentro del vehículo encendido y con las puertas cerradas. Esta llamó a Emergencias Médicas y comunicó el suceso de inmediato al personal de seguridad del centro comercial para lograr abrir el auto y sacar al bebé. Mientras intentaban romper el cristal del vehículo, la madre del niño llegó y admitió tener conocimiento de que el menor se encontraba solo en el auto.

El juez, Ángel Candelario Cáliz, del Tribunal de Primera Instancia de Ponce, determinó causa para arresto contra la madre del infante, a quien le impuso una fianza de $10, 000 y supervisión electrónica. La vista preliminar fue señalada para el 17 de agosto.

La División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor concluyó que la querella es un ataque colateral a una determinación del tribunal

La División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia culminó una investigación preliminar sobre una querella, presentada el 5 de noviembre de 2022, contra el alcalde de Isabela, Miguel E. Méndez Pérez, por alegado perjurio.

 El querellante, Nathanael Arroyo Martínez, alegó que el alcalde mintió, bajo juramento, en las vistas judiciales celebradas para atender la solicitud de una orden de protección al amparo de la Ley 284 -1999, conocida como Ley en contra del Acecho de Puerto Rico. La orden de protección fue otorgada a favor del alcalde y en contra del señor Arroyo Martínez.

 Tras evaluar la prueba, la DIPAC concluyó que la acción del querellante es un ataque colateral a la determinación del tribunal al conceder la orden de protección solicitada por el alcalde Méndez Pérez. Añadió que, bajo las circunstancias de este caso, la credibilidad de las partes fue adjudicada por el juez que presidió las vistas, por lo que “no le corresponde al Ministerio Público atender las alegaciones de perjurio basadas en la apreciación del querellante sobre el testimonio del peticionario”, establece el informe. Además, determinó que le corresponde al Tribunal Apelativo revisar todas alegaciones que se relacionan con la apreciación de la prueba, mediante el recurso de Certiorari que fue presentado por el querellante.

 Ante este escenario, considerando el quantum de evidencia aplicable en esta etapa de los procedimientos, luego de evaluar toda la prueba recopilada y tras analizar el derecho aplicable, la DIPAC determinó que no existe causa suficiente para creer que, por los hechos investigados, el alcalde de Isabela haya cometió el delito de perjurio, según dispuesto en el artículo 269 del Código Penal de Puerto Rico. Por lo que no recomendó la designación de un Fiscal Especial Independiente.

 El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, acogió la recomendación de la DIPAC y remitió el referido a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI). Asimismo, envió las notificaciones correspondientes a las partes.

 “Acogemos la recomendación de la DIPAC y, a esos efectos, recomendamos al PFEI que no designe un Fiscal Especial Independiente con relación a las actuaciones imputadas al alcalde de Isabela, Miguel E. Méndez Pérez”, lee la carta enviada por el secretario a la OPFEI.

 Debido a que el caso se encuentra ante la consideración de la OPFEI, el secretario y los funcionarios del Departamento de Justicia no emitirán declaraciones adicionales al respecto.

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El Departamento de Justicia (DJ) y la Asociación de Bancos de Puerto Rico (ABPR) desarrollaron una iniciativa para reforzar el procesamiento de los casos de fraude y crímenes cibernéticos en la isla ante la alta incidencia que se ha registrado tras la llegada de nuevas tecnologías. Así lo anunció el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, junto a la vicepresidenta ejecutiva de la organización, Zoimé Álvarez Rubio.

 Más de 300 funcionarios, incluyendo fiscales, abogados, procuradores y registradores del Departamento de Justicia, así como agentes del Negociado de la Policía y empleados invitados de la Junta de Libertad Bajo Palabra y la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC), participaron de un adiestramiento especializado sobre los métodos para detectar los crímenes cibernéticos y el fraude a través del uso del celular y aplicaciones móviles, y las medidas para reforzar las investigaciones y el procesamiento de estos delitos.

 “Constantemente estamos desarrollando e identificando herramientas y capacitación actualizada y avanzada para optimizar las investigaciones y el procesamiento de delitos, especialmente aquellos que surgen con la creación de nuevas plataformas, aplicaciones y tecnologías. Este esfuerzo colaborativo entre el Departamento de Justicia y la Asociación de Bancos de Puerto Rico también nos facilitará el procedimiento de recopilación de la evidencia requerida, y a su vez, nos permitirá agilizar la presentación de los casos en el tribunal. En la medida en que surgen nuevas modalidades delictivas, el Departamento de Justicia está preparado para identificarlas y procesarlas”, indicó el secretario de Justicia.

 Entre los recursos que participaron se encuentran representantes de las instituciones First Bank, Banco Popular de Puerto Rico y Evertec, Inc. Estos presentaron las incidencias modernas de fraude bancario, las medidas de seguridad configuradas en sus distintas aplicaciones y los métodos para agilizar la recopilación de información específica. El adiestramiento, coordinado entre la Oficina de la Jefa de los Fiscales y la ABPR con el apoyo del Instituto de Capacitación y Desarrollo de Pensamiento Jurídico del DJ, se llevó a cabo en las modalidades presencial y virtual simultáneamente.

 “Para la Asociación de Bancos de Puerto Rico siempre ha sido una prioridad colaborar con instrumentalidades públicas como el Departamento de Justicia y la Unidad de Robos a Bancos del Negociado de la Policía de Puerto Rico, y ser facilitadores en el intercambio de información, conocimiento y destrezas que apoyan el trabajo que estas hacen. Esperamos que este sea solo uno de muchos encuentros educativos. Todos nos beneficiamos de tener y vivir en una sociedad de ley y orden”, expresó la licenciada Álvarez Rubio.

 Por su parte, la jefa de los fiscales, Jessika Correa González, manifestó que “para el Departamento de Justicia es prioridad el entrenamiento continuo de nuestros fiscales para proveerles las herramientas necesarias para el procesamiento efectivo de los casos criminales. El uso de la tecnología para cometer fraude ha ido en aumento, de manera que los fiscales y agentes del orden público deben estar actualizados en cuanto a las destrezas requeridas para llevar a cabo este tipo de investigaciones. Este adiestramiento es una de las múltiples iniciativas que estamos promoviendo para atacar eficazmente el fraude y otros delitos”.

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El Concilio de Mujeres será un organismo de representación gubernamental y multisectorial, como cuerpo asesor y auxiliar al gobernador de Puerto Rico. Funcionará, además, como una red de apoyo a las agencias gubernamentales, según explicó Vázquez Garced.

La gobernadora interina indicó que el Concilio de Mujeres tendrá la responsabilidad de promover la participación equitativa de las mujeres en el servicio público, la empresa privada y el sector comunitario. El organismo colaborará con las agencias pertinentes de velar por el cumplimiento de políticas públicas y legislación protectora de las mujeres y promoverá las diversas iniciativas a favor de estas, comprendidas en el plan de gobierno de Ricardo Rosselló.

“El Plan para Puerto Rico contiene varios compromisos programáticos para atender nuestra realidad y necesidades, y es el Concilio de Mujeres el organismo llamado a velar por su implementación” indicó la licenciada Itza García, secretaria interina de la Gobernación.

La Lcda. Wanda Vázquez Garced dijo, además, que el Concilio de Mujeres podrá establecer y promover distintas iniciativas junto a las dependencias gubernamentales, privadas y de comunidad a través del desarrollo de acuerdos colaborativos, actividades y eventos educativos y de capacitación, comités de trabajo, visitas interactivas, y promover el desarrollo de alianzas público-privadas, entre otros.

El Concilio de Mujeres estará integrado por la primera dama Beatriz Rosselló, las mujeres jefas de agencias de la Rama Ejecutiva, mujeres miembros de las diferentes Juntas de Gobierno en las agencias ejecutivas, mujeres en posiciones de liderato de la Rama Judicial y las mujeres electas a la Rama Legislativa, quienes a su vez, convocarán a otras mujeres, en representación de diversas entidades no gubernamentales para que juntas conformen un equipo multisectorial.