Departamento de Justicia logra convicción de acusado de matar a dos hermanos en Santa Isabel
4 de noviembre de 2021
El Ministerio Público tuvo que recurrir al Tribunal de Apelaciones ante objeciones de la defensa durante el proceso judicial que duró cinco años
Luego de un litigio complejo que duró cerca de cinco años en el Tribunal de Primera Instancia de Ponce, anoche un jurado encontró culpable de asesinato en primer grado a Wilfredo Rivera Marrero por matar a los hermanos Gabriel Rivera Torres y Roberto Carlos Rivera Torres el 16 de agosto de 2016 en el barrio Jauca de Santa Isabel.
El hoy convicto podría enfrentar 150 años de prisión por los cargos de asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas, con agravantes, presentados por la fiscal Limarí Cobián Lugo, de la Fiscalía de Ponce del Departamento de Justicia, el 7 de octubre de 2016.
“Durante el proceso judicial, el Ministerio Público tuvo que recurrir al Tribunal de Apelaciones ante objeciones de la defensa sobre la presentación de evidencia, prevaleciendo en cuatro ocasiones ante el foro de mayor jerarquía. El desfile de prueba concluyó el 28 de octubre de 2021 ante un jurado sin suplentes”, explicó la fiscal del distrito de Ponce, Marjorie Gierbolini.
Por su parte el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, mostró su solidaridad con la familia de las víctimas, al tiempo que reconoció el trabajo realizado por la fiscal Cobián Lugo y lo que representa para la agencia. “Lamentamos profundamente el dolor de los familiares de estos jóvenes. El proceso fue extenso, pero finalmente se hizo justicia. Agradezco a la fiscal Cobián Lugo por su desempeño y perseverancia. Su labor es representativa de todo el empeño y esfuerzo de nuestros fiscales para combatir el crimen y probar los casos más allá de duda razonable en los tribunales”, expresó el secretario.
El caso fue investigado por el agente Ángel López Sánchez de la División de Homicidios de Ponce en unión a la fiscal Cobián. La selección del jurado comenzó en febrero de 2017 y el desfile de prueba el 22 de abril del mismo año.
La defensa estuvo a cargo de los licenciados Ferdinand López y Emanuel Gierbolini de la Sociedad para Asistencia Legal.
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