Justicia radica cargos contra mujer que falsificó prueba de COVID-19 y la entregó al centro de cuido de su hija
19 de Agosto de 2021
JUSTICIA RADICA CARGOS POR FALSIFICACION DE PRUEBA DE COVID
María Rodríguez Alejandro, de 27 años, se expone a una pena de tres años de cárcel por falsificar el resultado de una prueba de COVID-19 y presentarlo al Centro Head Start Plaza Taína en Canóvanas, donde asiste su hija. Por estos hechos, la fiscal Deborah Rodríguez Ortiz, de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, radicó cargos por violación al Artículo 217 del Código Penal de Puerto Rico que establece el delito de posesión y traspaso de documentos falsificados.
El juez Orlando Puldón Gómez, del Tribunal de Primera Instancia de Carolina, determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $5, 000.00.
Dicho artículo dispone que toda persona que con el propósito de defraudar posea, use, circule, venda o pase como genuino o verdadero cualquier documento, instrumento escrito o falsificado, a sabiendas de que es falso, alterado, falsificado, imitado o contiene información falsa, será sancionada con pena de reclusion con un término fijo de tres años.
De acuerdo a la investigación, la mujer presentó la prueba de COVID-19 a la maestra de la niña, a pesar de que no había sido requerida. Personal del Centro Head Start se percató de que el documento lucía alterado. La epidemióloga del municipio de Canóvanas, Krystal Díaz Aponte, confirmó que la información que contenía el documento pertenecía a Marcos Pérez Negrón, pareja de Rodríguez Alejandro.
“En estos momentos tan críticos, el Departamento de Justicia, en conjunto con el Departamento de Salud, investigaremos y procesaremos a las personas que intenten cometer fraude para evitar cumplir con las medidas para erradicar el COVID-19”, expresó el Director de la División de Delitos Económicos del Departamento del DJ, Rodney J. Ríos Medina.
Por su parte, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, expresó que “es inaceptable que algunas personas pretendan arriesgar la salud de los demás ciudadanos, y vamos a tomar las acciones correspondientes, conforme a la ley, para detenerlas”.
La vista preliminar fue señalada para el 30 de agosto de 2021.
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