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El 9 de noviembre de 1987, el Departamento de Justicia estableció, mediante la Orden Administrativa Núm. 87-10, el Programa de Asistencia a Víctimas y Testigos de Delito (”Programa”) con el 1m de proveer a las víctimas y testigos de delito aquellos servicios de asistencia que estimulen y garanticen su participación en el proceso judicial. La mencionada Orden Administrativa Núm. 87-10 fundamentó la creación del Programa en la necesidad de proveer a las víctimas y testigos el apoyo necesario para la cooperación con las autoridades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en aras de sostener con éxito -los procedimientos judiciales en contra de los perpetradores de delito.