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Last Updated: 29-01-2021 16:37
En el ejercicio de nuestras funciones como componentes del sistema de justicia nos corresponde prevenir todo discrimen ilegal en la investigación y en el procesamiento de delito, así como también en nuestra función como abogados del Estado en las causas civiles judiciales y administrativas. El deber de promover el trato justo de todo ciudadano ya sea sospechoso, imputado o acusado de delito, víctima, testigo, o parte en cualquier procedimiento civil o administrativo, es concomitante con el descargo honesto y responsable de nuestras funciones ministeriales. Aunque se estima que como Ministerio Público y abogados del Estado se acatan los mandatos de ley y en ese sentido se reconoce la prohibición de discrimen ilegal en nuestro desempeño como funcionarios públicos, se ha denunciado la necesidad de promover un comportamiento ejemplar que extinga cualquier seña de discrimen por motivo de estatus migratorio, raza, color, género, identidad de género, estado civil, impedimento físico o mental, edad, nacimiento, origen, nacionalidad, condición social, orientación sexual real o percibida, ideas religiosas o políticas.