Departamento de Justicia celebra cumbre de justicia terapéutica dirigida a reducir la incidencia criminal provocada por el trastorno adictivo de sustancias controladas y alcohol

13 de febrero de 2024

Como parte de un esfuerzo coordinado para reducir la incidencia criminal motivada por el abuso de sustancias controladas y alcohol, el Departamento de Justicia de Puerto Rico celebra, por primera vez, el evento denominado Cumbre de Justicia Terapéutica: Nuevas Estrategias para Enfrentar las Drogas Emergentes, dirigido a adiestrar a todos los funcionarios que intervienen en el procesamiento penal de estas conductas sobre cómo atender los nuevos retos implementando estrategias efectivas.

Durante los días 13 al 16 de febrero, funcionarios de todos los componentes de las cortes de drogas, conocidas como Drug Courts, recibirán capacitación intensiva en torno a cómo atender los retos que han surgido debido al desarrollo de nuevas drogas, como el fentanilo, y sobre las mejores prácticas de supervisión a quienes son procesados por delitos vinculados al uso de sustancias controladas y alcohol. Los participantes que recibirán adiestramiento incluyen fiscales, agentes investigadores, jueces, profesionales de la salud y personal de distintas agencias gubernamentales y el sector privado.

La actividad, que se celebrará en el hotel Caribe Hilton, contará con recursos experimentados en el tema del trastorno de consumo de sustancias controladas que se han destacado en distintas jurisdicciones. Entre los conferenciantes, se encuentran educadores de ALL RISE, corporación nacional sin fines de lucro, que lidera la capacitación, asistencia técnica y difusión de investigaciones para más de 4,000 programas de Drug Courts en Estados Unidos. Esta organización desarrolló los Estándares de las Mejores Prácticas de los Tribunales de Drogas para Adultos y goza de gran prestigio dentro de la comunidad que labora con aquellos que padecen de trastornos de consumo de sustancias controladas.

“Con la celebración de la Cumbre, Puerto Rico se convierte en una de las primeras jurisdicciones a nivel nacional en recibir este tipo de capacitación actualizada para optimizar los resultados en las Cortes de Drogas y atender los retos que generan las sustancias controladas emergentes. Es la primera vez que se lleva a cabo una cumbre sobre el trastorno de consumo de sustancias de esta magnitud, que impactará simultáneamente a todos los sectores llamados a prevenir y a remediar la adicción, con el objetivo de reducir la incidencia criminal en la Isla y promover la rehabilitación”, expresó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.

De igual forma, estará presente Dennis O. Romero, primer director de la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental (SAMHSA) para la Región II, que incluye los estados de New York y New Jersey, además, Islas Vírgenes y Puerto Rico. Asimismo, se unirán a los trabajos el director de Laboratorio del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, José Méndez; el comisionado asociado de tribunales y justicia penal de la Oficina de Servicios de Alcoholismo y Abuso de Sustancias del Estado de Nueva York (OASAS, por sus siglas en inglés), Steve Hanson; el director de proyecto del Instituto Nacional de Cortes de Drogas, Joe Lunievicz; y el fiscal de distrito de Oregon, John Haroldson, primer latino electo a ocupar ese cargo, y directivos de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA).

Durante la actividad, el titular de Justicia firmó una nueva Orden Administrativa para atemperar la normativa a las nuevas guías que adoptaron todos los componentes de las Cortes de Drogas y que entran en vigor a partir este año.

“La Orden concede un rol más activo al Ministerio Público en la identificación de estos casos y expande los servicios que ofrece Drug Courts para cobijar, por primera vez, el trastorno de alcohol exclusivamente. Esta iniciativa forma parte de las medidas que hemos implementado en cumplimiento con la política pública del Gobierno de Puerto Rico para atender con un enfoque de justicia terapéutica a quienes incurren en delitos no violentos debido al trastorno adictivo de sustancias y alcohol, asegurando que, al ser procesados criminalmente, tengan a su disposición programas de rehabilitación efectiva que les permita reintegrarse a la sociedad y evitar la reincidencia. Tenemos que humanizar la ley y los procesos judiciales, atendiendo el aspecto emocional y sicológico. Al atender de manera distinta a quienes cometen delitos debido a condiciones adictivas, obtendremos resultados más efectivos para estos, sus familiares y la sociedad”, añadió el secretario de Justicia.

El evento fue organizado por la División de Coordinación de las Unidades Especializadas de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del Departamento de Justicia con el apoyo de la Oficina de la Jefa de los Fiscales. Los participantes se reunirán en mesas de trabajo para educarse, promover la discusión y establecer nuevas estrategias que tengan como fin disminuir la reincidencia y el uso y abuso de los opioides y otras sustancias en la Isla.

Durante la Cumbre, también se capacitará sobre la administración efectiva del Naloxone para revertir los efectos de la sobredosis de opioides y sobre los efectos neurofisiológicos del uso y abuso de sustancias.

“Con esta capacitación masiva esperamos fortalecer el conocimiento especializado que deben tener todos los componentes del Programa de Drug Courts, en especial nuestros fiscales. En el Departamento de Justicia estamos comprometidos con lograr que los programas que atienden los trastornos de consumo de sustancias controladas y alcohol sean eficaces. La Cumbre de Justicia Terapéutica es un es esfuerzo encomiable dirigido a promover la política pública del Honorable Gobernador promoviendo la rehabilitación”, indicó la jefa de los Fiscales, Jessika Correa González.

“La Cumbre es una actividad que reúne a todo el componente de seguridad, salud y comunidad en un esfuerzo por promover la política pública, nuevos enfoques de tratamiento y prevención para atender a la población en Puerto Rico que sufre de un trastorno en el uso de sustancias controladas y alcohol. Por primera vez, una organización como ALL RISE, destacada nacionalmente por ser los educadores de los profesionales que componen las cortes de drogas y todos los estados, forma parte de la cumbre e incluye a Puerto Rico como parte de los esfuerzos para mejorar las respuestas de este problema de salud pública y seguridad que nos aqueja a todos y a todas”, puntualizó la fiscal Laura Hernández Gutierrez, directora de la División de Coordinación de las Unidades Especializadas de Drug Courts del Departamento de Justicia.
El Programa Drug Courts reduce significativamente la parte adversativa del proceso criminal. Opera con componentes especializados del Poder Judicial, el Departamento de Justicia, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, el Negociado de la Policía de Puerto Rico y la Sociedad para la Asistencia Legal quienes trabajan al unísono para lograr la recuperación del participante. Este programa de salones de recuperación permite que el acusado que tiene una condición adictiva no forme parte de la población carcelaria, lo cual redunda en beneficio para este, su familia y para la sociedad. Tras el cumplimiento con las condiciones impuestas se ordena el archivo y sobreseimiento de los cargos y se viabiliza su reinserción social.

Para el 2022, se retomaron los esfuerzos dirigidos a fortalecer este programa, al nombrar, por primera ocasión, fiscales especializados para todas las regiones judiciales de Puerto Rico. Esto ha tenido la consecuencia de proveer un trato más eficiente, efectivo y sensitivo para atender esta problemática de la adicción en el marco de un procesamiento criminal.

La Cumbre fue financiada con fondos provenientes de un acuerdo transaccional alcanzado por el Departamento de Justicia tras incoar un pleito contra una de las compañías responsables por la crisis de opioides. Además, contó con el apoyo del programa federal High Intensity Drug Trafficking Areas (HIDTA), creado por el Congreso de Estados Unidos para asistir a las agencias de ley y orden en combatir el tráfico de sustancias controladas.

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