Informes Estadísticos

Representa al Estado en pleitos civiles, incluyendo casos de daños y perjuicios, asuntos laborales, reclamaciones contributivas y litigios federales.

Encargada de inscribir y dar fe pública de los títulos de propiedad, gravámenes y otros documentos relacionados con bienes inmuebles en Puerto Rico.

Dirige la investigación y el procesamiento criminal en todo el país, coordinando las 13 fiscalías de distrito para asegurar la aplicación de la ley penal.

Representa el interés público en procesos judiciales de familia, tales como adopciones, alimentos, tutelas e incapacidades.

Funge como el enlace principal entre la ciudadanía y el Departamento, brindando orientación legal, canalizando quejas y ofreciendo charlas educativas.

La Secretaría Auxiliar de Asesoramiento (SAA) tiene como función principal asistir al Secretario(a) de Justicia en la preparación de los análisis legales que este provee al Gobernador, a la Asamblea Legislativa y a las distintas agencias y dependencias del Gobierno de Puerto Rico.

La SAA está compuesta por tres divisiones especializadas:
1. División de Legislación
2. División de Opiniones
3. División de Coordinación, Ley 9 y Contratos

Evalúa proyectos de ley y asesora al Secretario, al Gobernador y a la Asamblea Legislativa sobre el impacto jurídico de las medidas propuestas.

Encargada de redactar las opiniones legales formales del Secretario de Justicia, las cuales interpretan leyes y la Constitución para agencias gubernamentales.

Gestiona las peticiones de representación legal y el pago de sentencias para servidores públicos demandados en su capacidad oficial bajo la Ley Núm. 9.

Implementa la política pública contra prácticas monopolísticas y asegura la libre competencia en el mercado de Puerto Rico.

Procesa las faltas cometidas por menores de edad y vela por su protección y rehabilitación dentro del sistema de justicia juvenil.

Representa al Estado Libre Asociado en procesos apelativos ante los tribunales de Puerto Rico, Estados Unidos y otros foros federales.

Provee seguridad, albergue, transporte y apoyo emocional a víctimas y testigos de delitos para garantizar su participación segura en el proceso judicial.

Investiga y procesa acciones criminales relacionadas con el mal uso de fondos y propiedad pública detectado en auditorías del Contralor.